Falta de aplicabilidad de la ley, en el resarcimiento por daño moral causado por la mala administración de justicia penal ecuatoriana

Abstract

Como elemento fundamental, previo a la obtención del título de Abogado en la Universidad Nacional de Loja, e visto fundamental realizar un trabajo investigativo, a la administración de justicia Penal en la Provincia de Napo, en la cual conjugaremos todos los conocimientos adquiridos dentro de los seis años que duro el estudio universitario, en la cual en su momento parecía una misión complicada. Al tratar de agrupar todos esos conocimientos en un trabajo investigativo sobre un Tema determinado, que tiene relación al derecho Penal, que fue el área que más me interesó y tuve inclinación a ella, viendo la falta de aplicabilidad de la Ley en el resarcimiento por Daños Morales, que ha generado malestar social y expectativa a los Ciudadanos que han sido vulnerados sus derechos. Por parte de ciertos Fiscales y Jueces de Garantías Penales pese al existir normas Constitucionales no obstante violan una serie de derechos que actualmente se encuentran consagrados en la Constitución de la República, que es garantista de los derechos Humanos, donde dice con absoluta claridad en el Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, Administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Numeral.- 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública. Estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, pero esas disposiciones constitucionales son vulneradas por Ciertos Fiscales y jueces Penales, que a pretexto de la sana crítica persiguen y condenan a Ciudadanos inocentes y los delincuentes gozan de libertad. Por eso es importante este trabajo investigativo que nos va a permitir realizar específicamente un análisis en cuantos procesos se han vulnerado derechos Humanos, y cuantas personas han sido perjudicadas, con irreparables daños Morales y no han sido indemnizados por los daños sufridos, Conforme lo determina el Art. 419 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y con el propósito de cumplir con la metodología, se realizará las respectivas entrevistas a las personas perjudicadas, por los fallos arbitrarios por ciertos Fiscales y Jueces. Por lo que es necesario realizar algunas reformas a la Legislación existente en cuanto a derogar disposiciones jurídicas ambiguas, y aplicar severas sanciones para los Jueces que no han actuado con imparcialidad y transparencia en el desempeño de sus funciones al momento de dictar sus fallos.