EL DELITO DE USURA Y LA NECESIDAD DE DETERMINAR LA CERTEZA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y SU OBSERVANCIA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

Abstract

Si bien el pago de intereses usureros ha provocado alarma social en los últimos tiempos en territorio ecuatoriano, las necesidades económicas derivadas de una economía paupérrima en la gran masa social, ha llevado a hacer de éste delito una práctica común. La facilidad de acceder a un préstamo usurario, es el anzuelo que muerden los prestatarios, pues los mecanismos de seguridad exigidos por las entidades financieras privadas y estatales, como son: la hipoteca abierta, la suscripción del pagaré a la orden, respaldados por un significativo patrimonio, no son exigidos a la hora de contraer el préstamo con el usurero. En el Ecuador, el sistema financiero, está facultado y regulado por dos entidades de control, por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el Banco Central es el que fija los intereses al público, por tanto, la política pública no permite intereses altos como los comunes chulqueros. La presente tesis, ha pretendido realizar diversas observaciones de las diferentes aristas que giran en torno al delito de usura; así por ejemplo se ha discutido el tema de la responsabilidad compartida que configuraría una especie de causal de antijuridicidad del delito; como también se han abordado temas relacionados a los mecanismos de valoración de la prueba utilizados por los Tribunales de Garantías Penales; finalmente se ha discutido cuáles podrían ser los medios probatorios idóneos para configurar la materialidad de la infracción del delito de usura. Es por ello, que las manifestaciones de este delito de prestar dinero a tasas de interés por encima de lo estipulado por la Ley, han sido analizadas, no solo en su estructura dogmática sino también en su aplicación represiva, se ha analizado además el comportamiento social de quienes están involucrados en el mismo, permitiéndome confluir en un trabajo de tesis coherente, con argumentación jurisprudencial, legal y doctrinaria, avanzando finalmente hacia la discusión del grado de lesividad en el bien jurídico vulnerado que es la economía y patrimonio del ofendido.