LA INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN DE PENAS EN EL ECUADOR, INCIDE EN LA VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Abstract

La actual Constitución de la República del Ecuador en su amplio y prolijo contenido rige los actuales senderos de nuestro Estado, Estado que representa la máxima organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta la actualidad. Es por así decirlo un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder, con la finalidad ulterior de alcanzar el bien común, buen vivir o sumakkawsay. Con la aprobación y posterior vigencia de nuestra Constitución se han normado y estipulado amplísimos derechos, derechos que han de ser desarrollados en los numerosos cuerpos legislativos donde se han de considerar aspectos primordiales como: organización, funcionamiento, atribuciones y demás aspectos que determinarán la eficiencia y efectividad de los derechos desprendidos de la Ley Suprema del Estado, así también el regular las relaciones con los particulares y la relación entre los distintos órganos que la integran las distintas instituciones de orden público, las que en su conjunto sistemático de principios y normas están establecidas en el Derecho Penitenciario. Con el propósito de dar el fiel cumplimiento a los fines del Estado y satisfacer las necesidades sociales, que se orientan a conseguir el bien común, y si consideramos que es deber del Estado cumplir y hacer cumplir los derechos que se derivan de la máxima Ley, así como el debido desarrollo de los derechos que les asiste a la población en general, y en especial a quienes se encuentran en situaciones de doble vulnerabilidad, tal como ocurre con las personas con discapacidad que a más de su condición, un nutrido grupo de ellos se encuentran privados de su libertad en los Centros de Rehabilitación Social del País, de lo cual podemos deducir que están en una doble vulnerabilidad, lo cual a fin de contrarrestar en algo esta dura situación se debe normar y desarrollar de lo mejor posible los derechos que se estipulan en la Constitución, ley suprema a la que están sometidos los cuerpos legales inferiores como es el caso del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, donde se han de desarrollar los derechos y medidas propias que merecen los grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad que están privadas de su libertad. De lo cual y según las actuales disposiciones constitucionales, se hace urgente y por qué no necesarísimo ajustar lo letargo de nuestras leyes a la actual realidad jurídica que atraviesa el país, a fin de que las leyes inferiores a la Constitución guarden la debida armonía con la Magna Ley, con lo cual se pretende y seguro estoy que se logrará garantizar y hacer efectivoslosderechos y garantías contempladas para la población carcelaria con discapacidad, con lo cual se actualizará el cuerpo legal de ejecución de penas, con el acogimiento de las nuevas tendencias constitucionalistas y se dará el acertado cumplimiento de las disposiciones y principios contenidos en la vigente Constitución de la República.