Los efectos jurídicos en la Administración Pública mediante un proceso administrativo sancionador en torno al cumplimiento del debido proceso.

Abstract

El objetivo General en el presente tema de investigación es determinar en nuestro régimen jurídico las actuaciones administrativas, que regulan la administración pública dentro del ámbito de su competencia, correspondiente al órgano administrativo pertinente, estas actuaciones se rigen por las disposiciones establecidas en la constitución de la Republica del Ecuador, así como en las leyes, decretos, estatutos, ordenanzas y reglamentos que otorgan facultades y potestades a través de actos administrativos. Dichos actos son regulados en función de determinadas competencias administrativas y, por consiguiente, están sujetos al proceso administrativo sancionador, el cual regula las controversias que puedan surgir entre personas naturales o sociedades privadas y las administraciones públicas, previendo un procedimiento específico para su sustanciación. En este contexto, el artículo 134 del Código Orgánico Administrativo (COA) establece el carácter general y supletorio del procedimiento administrativo, regulando los principios que condicionan todo el proceso procedimental. Estos principios están agrupados por el legislador en tres categorías: generales, relativos a la actividad administrativa en relación con las personas; principios que regulan las relaciones entre las administraciones públicas; y principios específicos del procedimiento administrativo por ende se ve la necesidad de recalcar los principios constitucionales y legales tales como eficacia, eficiencia, jerarquía, buena fe, racionalidad jurídica e irretroactividad, principios recogidos en el COA es por ello que se determina que dentro de la tramitación de este procedimiento administrativo sancionador, se debe tomar en cuenta la verificación conjunta de los mismos principios en consonancia con el principio de debido proceso. El principio del debido proceso garantiza que los derechos de las personas naturales y jurídicas sean protegidos en todos los procedimientos administrativos, especialmente en aquellos de carácter sancionador. Esto previene abusos de poder y asegura que las sanciones

3 se impongan de manera justa y proporcional. Sin embargo, la aplicación de los principios, en la práctica, resulta desafiante, pues en algunos casos, la aplicación de estos principios puede generar conflictos entre diferentes normativas o con los intereses de las partes involucradas. Ante lo anterior, los principios que rigen la administración pública deben estar en constante evolución para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Esto puede requerir reformas legislativas o la creación de nuevas normativas que respondan a desafíos emergentes, como la digitalización de la administración o la protección de datos personales. El principio del debido proceso en las actuaciones administrativas no solo es un mandato constitucional, sino que también es esencial para asegurar la legitimidad y equidad en las decisiones de la administración pública. El debido proceso garantiza que toda persona, ya sea natural o jurídica, tenga el derecho a ser oída, a presentar pruebas, a una defensa adecuada, y a recibir una resolución motivada y fundamentada en derecho antes de que la administración adopte cualquier medida que pueda afectar sus derechos o intereses.