Aplicación de la prisión preventiva en el Ecuador por los operadores de justicia, sin la fundamentación y motivación legal requerida en el COIP.

Abstract

La presente investigación jurídica, bajo la modalidad de trabajo de integración curricular, lleva por título: “Aplicación de la prisión preventiva en el Ecuador por los operadores de justicia, sin la fundamentación y motivación legal requerida en el COIP”. La importancia de desarrollar este tema de investigación radica en que, en los últimos años, la medida cautelar de la prisión preventiva ha sido aplicada de manera excesiva y desproporcionada en Ecuador. La titularidad de la acción penal pública es ejercida por los fiscales, quienes pueden solicitar la prisión preventiva siempre y cuando existan elementos e indicios de convicción suficientes que permitan fundamentar debidamente la existencia de un riesgo procesal, cumpliendo con todos los requisitos señalados en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Se ha identificado que, en muchos casos, las solicitudes de prisión preventiva carecen de una fundamentación adecuada, y los jueces suelen aplicar esta medida sin considerar las circunstancias específicas del caso concreto y sin criterios de razonabilidad. Las decisiones de los órganos jurisdiccionales por desconocimiento u omisión, no se ajustan a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establecen que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y no generalizada. Esto ha llevado a la vulneración de uno de los derechos más importantes después del derecho a la vida, que lo es la libertad individual. Con la información recopilada en el presente trabajo, se ha evidenciado la existencia de decisiones arbitrarias e ilegales en los autos de prisión preventiva emitidos por los jueces de garantías penales. Estas decisiones exponen a los procesados a cumplir una pena de manera anticipada, afectando directamente su presunción de inocencia y su integridad de la manera más severa. Esto descontextualiza los fines preventivos que persigue esta medida cautelar, la cual que no debe configurarse en fines punitivos, ya que no tiene un impacto real en la disminución de la criminalidad y la violencia. Todas las personas somos libres individualmente, por lo tanto, las medidas cautelares que limitan la libertad personal deben ser excepcionales y administradas con criterio restrictivo, por la afectación de un derecho de rango constitucional, además deben cumplir con las exigencias de los tratados e instrumentos internacionales a los que se encuentra ratificado el Ecuador.