LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS POR FALTA DE PRESENCIA DEL PROCESADO EN LA ETAPA DE JUICIO

Abstract

Una de las situaciones sociales que demanda la atención y preocupación de la sociedad y el Estado se enfoca directamente en aquellos delitos que quedan en la impunidad por la falta de presencia del procesado en la etapa de juicio, como bien conocemos el objetivo y fines del derecho procesal penal radica en la investigación para determinar la existencia de la materialidad de la infracción y presunta responsabilidad y en caso de haber méritos suficientes sancionar los delitos. En ese propósito, el principio constitucional de inmediación desempeña un rol fundamental. Sin embargo, la administración de justicia penal en el Ecuador y particularmente en la provincia de Loja se ve limitada porque una gran cantidad de delitos: los que ocasionan gran alarma social, de una parte, y de otra, aquellos en los que no se ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva, o esta ha prescrito, quedan en la impunidad, porque no se cuenta con la presencia física del procesado en la etapa de juicio, lo que es indispensable para que se dicte la sentencia correspondiente, siendo de esta manera un refugio para la delincuencia ya que al no ser juzgados existe la posibilidad de caer en la reincidencia de delitos aún más graves, a excepción de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, y los previstos en el Art. 129 de la Constitución de la República del Ecuador los cuales son imprescriptibles. Si recordamos en el sistema acusatorio penal todo juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y los peritos. Dentro de esta esfera, la acusación fiscal y la defensa se exteriorizan como una tarea necesaria para el descubrimiento integral de la verdad, proveniente de la prueba producida por quien cumple el deber legal de investigar una conducta presuntamente transgresora de la ley y de quien se defiende de tales pretensiones. La ley procesal penal establece el principio de inmediación de la prueba, es decir que exige la concentración del tribunal juzgador, los sujetos de prueba, los sujetos procesales, atendiendo los medios de prueba existentes que pueden ser propuesto y utilizados en el juicio oral, observándose las garantías establecidas para la declaración de los procesados durante el juicio. Es por ello que el juicio oral tiene como pieza esencial la acusación fiscal, y la defensa del acusado, pues la validez de la sentencia presupone un debate confrontativo y público dentro del cual, el grado de certeza debe producirse con estricta observancia de los principios que rigen el debido proceso. La presencia de las partes y sus defensores en el juicio oral, constituye una manifestación del principio de publicidad, mientras que la prueba inmediata se compadece con el principio de inmediación, en términos generales, publicidad, oralidad y contradicción son correlativos y responden a una regulación procesal penal de un sistema acusatorio, donde el debate constituye una garantía para el imputado en el ejercicio de su defensa, pues la continuación del juicio está condicionada a la presencia física del acusado, excepto en determinados delitos. Por lo tanto se sostiene que existe un vacío jurídico en nuestra legislación penal respecto al principio de inmediación del procesado en la etapa de juicio, ya que al no presentarse a la audiencia de juzgamiento se suspende con la finalidad de no atentar contra el derecho a la defensa del procesado y al no haber la sentencia correspondiente el delito queda en la impunidad y las garantías y derechos de la víctima u ofendido se ven vulnerados.