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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDRA. MARTHA ELIZABETH JARAMILLO JUMBOen_US
dc.contributor.authorCASTILLO MARTINEZ, EDUARDO XAVIER-
dc.date.accessioned2013-10-05T05:16:18Z-
dc.date.available2013-10-05T05:16:18Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2817-
dc.description.abstractIndispensable es que las normas constitucionales, sean ante todo consideras en el ámbito para el cual han sido establecidas, me refiero a la pretensión que tuvo el legislador de la consolidación de un Estado Constitucional y no como un Estado Social de Derecho como se encontraba anteriormente; para de esta forma llevar adelante en un sentido real y no sólo como meros enunciados la vigencia de normas y principios jurídicos que reconocen derechos fundamentales de las personas, sobre los cuáles desarrolla su accionar el Estado, sobre quien pesa un deber genérico de protección, dejando atrás esa concepción de Estado de Derecho. En este sentido se debe comprender que en un Estado Constitucional la ley pierde su fundamentalidad para ceder su espacio a la Constitución, de ahí que su normativa debería ser el punto de partida para el desarrollo y tutela de los derechos en ella establecidos; es decir, que sin existir ley adicional se puede operativizar el ejercicio de los derechos, conforme el principio de aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, tal como lo acoge efectivamente el Art. 11.3 de la Constitución al expresar «Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (…) Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento», lo que significa una disminución sustancial en cuanto a la aplicación del principio de interpositio legislatoris propio del Estado de Derecho. En cuanto al presente trabajo de Tesis, me he permitido llevar a cabo un estudio tanto doctrinario, jurídico, como jurisprudencial sobre la responsabilidad patrimonial y la insuficiencia de los mecanismos para hacerla efectiva, ante lo cual he abordado su conceptualización correspondiente para introducirnos en el estudio del tema y problema planteados; luego realizo un estudio jurídico en el que analizo la leyes pertinentes y establecemos una relación en el ámbito del derecho comparado, finalmente llevamos a cabo un estudio doctrinario, una exposición de los distinguidos tratadistas han aportado respecto del tema y problema planteado. Respecto de la investigación de campo, se determinó que existe una insuficiencia jurídica de un procedimiento que permita hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por el ejercicio de su función, por lo que se deja en la impunidad a un sin número de servidores públicos al no existir un procedimiento puntual, por lo que se ve afectado al Estado y la sociedad. Concluyendo por lo tanto que existe un vació legal en nuestro país, por lo que me he permitido establecer una propuesta de Ley, más aún cuando la Constitución ya lo establece en su Art. 11.9 y en su Art. 233, buscando el interés colectivo, ya que se ve afectado de manera directa el patrimonio del Estado, por el pago de valores exorbitantes que se dan por concepto de indemnizaciones a terceros perjudicados por el actuar indebido de ciertos servidores públicosen_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.titleINSUFICIENCIA JURIDICA RESPECTO DE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICAen_US
dc.typebachelorThesisen_US
dc.tipo.spabachelorThesises_Es
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