Estudio comparativo del uso progresivo de la fuerza en las legislaciones de los países de la Comunidad Andina, en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019 en el Ecuador y la violación del derecho a la vida y la integridad personal.

Abstract

La presente investigación tiene por objeto analizar, comprobar y demostrar, desde un punto de vista comparativo como la normativa que se encuentra relacionada con el uso progresivo de la fuerza en el Ecuador es ineficaz, poco pertinente y no permite que sea una herramienta para la buena práctica por parte de la fuerza pública, al contrario de lo que pasa en otros países del continente que han tomado con más importancia esta problemática y trabajaron en diferentes proyectos de ley con el objetivo de poder delinear y establecer mecanismos efectivos de acción de acuerdo a las condiciones y el nivel de resistencia que se presente en diversos escenarios, siempre y cuando se haga prevalecer el respeto hacia los Derechos Humanos y no involucre la vulneración de los mismos. El uso progresivo de la fuerza por parte de cualquier elemento de la fuerza pública, se encuentra ligado de manera indudable con los Derechos Humanos, y el Estado es el responsable de asumir dicha responsabilidad ante cualquier tipo de vulneración, que se ejerza a través de los diversos mecanismos que sirvan para mantener el orden público; al no poder dar cumplimiento con dicha obligación se opta por crear un sistema competente e integral de seguridad pública que acate los lineamientos que se encuentren establecidos tanto en la normativa nacional como supranacional, lo cual permitirá garantizar la protección de forma plena de la integridad personal, ya sea de los elementos pertenecientes a la fuerza pública como de las personas a la cuales se les aplica los mecanismos de acción y control. Garantizar el fiel cumplimiento de los Derechos reconocidos constitucionalmente y dentro de instrumentos internacionales, es una obligación del Estado, en este sentido no se puede exponer o sacrificar la protección de los mismos en aras de mantener la seguridad pública; es por esto que, al delegar esta misión a los servidores policiales o agentes del orden, se debe cuidar estrictamente los lineamientos creados para cumplir con este precepto, adaptando un mecanismo que propenda a crear una vida en sociedad libre de violencia, en la que la misión de esta institución del orden se encuentre destinada a la protección de la ciudadanía y no sea un mero elemento de protección del Estado, sólo ante la protesta social. En los últimos tiempos se han suscitado hechos de gran conmoción nacional con los que se evidencia en repetidas ocasiones el uso excesivo de la fuerza y mal manejo de las herramientas de dotación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Ecuador y de las Fuerzas Armadas, la delegación de esta función a los agentes del orden, sin la creación de

3 un ordenamiento jurídico que corresponda a las diferentes realidades sociales y contemple la estricta observancia de los Derechos Humanos; ha creado una brecha que origina el uso excesivo de la fuerza. El Estado ecuatoriano a través de la legislatura les ha otorgado a los servidores policiales, la protección legal para actuar dentro del cumplimiento de su misión constitucional; a través de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde se considera una nueva causa de exclusión de la antijuricidad al cumplimiento del deber legal del servidor policial; una vez que el Estado pondera el rol de garantista de derechos y responsable de brindar un sistema de seguridad pública que proteja la integridad del individuo.