Análisis de los efectos jurídicos del incidente de reducción de la pensión de alimentos en la legislación ecuatoriana

Abstract

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar los efectos jurídicos que surgen desde el momento en que se presenta un incidente de reducción de la pensión alimenticia hasta que el juez emite la resolución correspondiente. Además de los efectos previstos y contemplados por la normativa, se identifican otros efectos que no han sido considerados, como la posibilidad de que se acumule una pensión desproporcional a la capacidad económica del alimentante, así como el riesgo de sufrir consecuencias personales, especialmente para aquellos miembros vulnerables del grupo de atención prioritaria. Estos efectos demuestran que este proceso no reconoce la dignidad humana de los alimentantes pertenecientes a dichos grupos prioritarios, quienes, debido a su situación de vulnerabilidad causada por discapacidades, enfermedades catastróficas y de alta complejidad, se ven expuestos a un riesgo al ser sometidos a pagar una pensión que excede su capacidad económica. Esta situación se mantiene hasta que, en un plazo mayor a seis meses, según se ha determinado a través del análisis de casos, se emita oficialmente una resolución que establezca la reducción de la pensión alimenticia. La doctrina jurídica sostiene que el hecho de que una persona esté obligada a pagar alimentos no justifica que se le despoje de su condición humana. Esta afirmación se basa en la premisa de que todos los individuos, sin importar sus obligaciones legales, deben ser reconocidos y tratados como seres humanos titulares de Dignidad Humana intrínseca. Además, la Constitución, como ley fundamental de un país, establece principios y derechos que deben ser respetados y protegidos. En el caso específico de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas o de alta complejidad debidamente acreditadas, la Constitución les otorga prioridad y reconocimiento especial. Este reconocimiento se basa en la comprensión de que estas personas enfrentan desafíos adicionales y condiciones particulares que requieren una atención especial por parte de la sociedad y del sistema legal. Es necesario garantizar su protección y brindarles los apoyos necesarios para asegurar su bienestar y calidad de vida. Las consecuencias que se pueden generar son el problema de caer en situación de doble vulnerabilidad cuando se encuentran detenidos por el incumplimiento de su obligación, el no poder adquirir los medicamentos necesarios para tratar su discapacidad o enfermedad catastrófica, debido a la imposibilidad de cubrir su propia subsistencia. Por ello, el presente trabajo de investigación en su contenido contempla el planteamiento de medidas adecuadas para

3 estas situaciones específicas, que permitan reducir la pensión alimenticia de forma provisional, en situaciones de riesgo que así lo requiera y garantizar que se protejan los derechos tanto del alimentario como del alimentante. Se ha examinado a través de un estudio comparativo cómo los países como Chile, Uruguay y Argentina han abordado de manera similar la problemática actual, presentando una disposición especial en sus leyes. Esta disposición permite que el obligado a proveer alimentos pueda solicitar al juez una reducción temporal de la pensión alimenticia en ciertas situaciones o condiciones mientras dure el proceso legal de reducción de la pensión. Dado que este proceso es delicado y complejo, es compresible la necesidad de un tiempo razonable para resolver objetivamente la reducción de la pensión alimenticia. La reducción provisional de la pensión alimenticia, otorgada exclusivamente en situaciones excepcionales y debidamente justificadas, busca garantizar la subsistencia adecuada del alimentante, quien pertenezca al grupo de atención prioritaria y se encuentre en una situación de doble vulnerabilidad debido a una pensión desproporcional a su capacidad económica. Sin embargo, para asegurar un equilibrio justo, humanitario y equitativo, es fundamental establecer criterios claros y objetivos que consideren tanto la capacidad económica del alimentante como las necesidades del alimentario. Esto permitirá proteger los derechos fundamentales de ambas partes involucradas, salvaguardando el principio del interés superior del menor, y garantizando una aplicación justa y adecuada de la reducción provisional de la pensión alimenticia en estos casos excepcionales de doble vulnerabilidad, evitando así posibles abusos o arbitrariedades.