LA LEY DE MINERÍA Y LA AUSENCIA DE REGLAS CLARAS PARA ESTABLECER EL MONTO ECONÓMICO QUE DEBEN RECIBIR LAS COMUNIDADES POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES

Abstract

Nuestro país es minero por excelencia, pero hablar de explotación minera, significa abordar un tema de polémica, discusión que enfrenta criterios a favor y en contra de la actividad minera, sobre todo por el impacto ambiental negativo que genera en las zonas de explotación. Además, es conocido por todos que las grandes empresas transnacionales son las que aprovechan la riqueza mineral de nuestro suelo a costa de lo que sea, sin que el Estado se haya preocupado si quiera de la condición en la que quedan estos pueblos, por lo que puede afirmarse que la explotación de los recursos no renovables no ha servido para beneficio directo de la comunidad, sino para las concesionarias, ya que, no se evidencia desarrollo ni tampoco prosperidad en su territorio, únicamente deforestación, contaminación, presencia de problemas sociales como: prostitución, delincuencia y división de la comunidad. Evidentemente los derechos consagrados en la Constitución de la República, en lo que respecta a que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente, de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”; no son más que letra muerta lo que obliga al Estado ecuatoriano y a la sociedad encontrar soluciones a este grave problema socio ambiental, a través de la incorporación de normas claras en cuanto al monto económico que deben recibir las comunidades por la explotación de sus recursos naturales. Pero la solución debe ir más allá, pues los gobiernos de turno deben dejar de asumir una actitud contemplativa, condescendiente con las empresas transnacionales, permitiéndoles que exploten nuestras riquezas bajo las condiciones que ellos consideren pertinentes, y si no existe control estatal, ellos realizarán sus actividades sin tomar medida alguna para mitigar el impacto ambiental.