Análisis jurídico y doctrinario del delito de concusión de las y los asambleístas, y la punibilidad en la legislación ecuatoriana

Abstract

El presente Trabajo de Investigación surge del interés de analizar el delito de concusión cometido por un servidor público con calidad de Asambleísta y la proporcionalidad existente entre la sanción impuesta y el daño provocado, la iniciativa surge del incremento notable de la conducta dentro de la Asamblea Nacional y de la preocupante regularización que se le ha dado hoy en día a privatizar cargos dentro de la Administración Pública. Esta problemática conocida también como diezmos trae consigo varias consecuencias jurídicas, siendo estas la lesión al correcto funcionamiento de la Administración Pública y la disminución significativa e ilegal del patrimonio económico de la o las víctimas; lo que a su vez, limita el correcto goce y ejercicio de otros derechos fundamentales tanto de la víctima como de su familia, entre ellos: salud, vivienda, educación, vida digna, etc.; con esta práctica se deja de lado el servicio a la colectividad establecido Constitucionalmente al que esta sujeto todo servidor público, dando como resultado una administración pública deficiente; pues una vez que determinado candidato consigue la aprobación y confianza de la ciudadanía y por ende el cargo dentro de la Función Legislativa, deja de lado el bien común y prioriza intereses económicos personales, razón por la cual sus colaboradores representan una fuente de ingresos extra, es decir el perfil considerado idóneo para trabajar a la par con el asambleísta no se basa en conocimientos sino más bien en su entera disposición a entregar cuotas mensuales a cambio de un puesto de trabajo. El objetivo fundamental de esta investigación es realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del delito de concusión como también de las funciones que desempeña o debería desempeñar regularmente un asambleísta, para en base a ello formular un criterio jurídico en cuanto a la proporcionalidad de la pena; recordemos que esta conducta va en aumento y nuestro ordenamiento jurídico la sanciona con pena privativa de libertad mínima de 3 años con la posibilidad de reducción de la misma al constatarse determinadas circunstancias atenuantes, dando paso a cuestionarnos si realmente esta pena es proporcional al daño ocasionado y cumple a cabalidad sus fines o por el contrario, resulta deficiente y por ende merecedora de una reforma legal.