Implementar el delito de sustracción de menores en el Código Orgánico Integral Penal

Abstract

El presente trabajo de titulación, se fundamenta en la necesidad de implementar el delito de sustracción de menores en el código penal ecuatoriano; ya que el modelo tradicional de familia ha sufrido grandes cambios en los últimos años existiendo en las últimas décadas un gran incremento de separaciones y divorcios, que en parte han provocado situaciones donde se ponen en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante garantizar el derecho de los menores a relacionarse libremente con ambos progenitores, lo que a su vez permite que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen íntegramente; cuando las conductas de sustracción, retención, ocultación y traslado se materializan por parte de uno de los progenitores se desemboca una serie de afectaciones psicológicas como lo es el síndrome de alienación parental (SAP), una de las formas más sutiles de maltrato infantil. La implementación del delito de Sustracción de menores permitirá que no se vulneren los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, ya que el Estado ecuatoriano está obligado a velar por la seguridad, integridad y salud de los menores en el marco de la aplicación de Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, de tal modo, países Latinoamericanos y Europeos estiman en sus legislaciones la sustracción de menores , como una conducta acreedora de sanción; como forma de prevenir la vulneración de los menores. En el presente trabajo, se aplicaron materiales y métodos; encuestas y entrevistas a profesionales del derecho, que sirvieron para recopilar una serie de resultados óptimos para formular el planteamiento del proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de incorporar dentro del catálogo de delitos el tipo penal de sustracción de menores, es decir, convertir la sustracción de menores en una conducta penalmente relevante, a fin de sancionar respectivamente esta conducta, para que, mediante la función preventiva de la pena, las personas se abstengan del cometimiento de este tipo de conductas, y además, se garantice la reparación integral a la víctima, en defensa de sus derechos dentro del proceso judicial.