Conflictos jurídicos entre la justicia ordinaria y la constitucional, en cuanto a la acción de protección, análisis normativo y jurisprudencial.

Abstract

El presente Trabajo de Integración Curricular lleva por título: “Conflictos jurídicos entre la justicia ordinaria y la constitucional, en cuanto a la acción de protección, análisis normativo y jurisprudencial” y surge de la necesidad de que la acción de protección sea planteada de manera correcta, el artículo 88 de La Constitución de la República del Ecuador señala que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, que no estén amparados por las demás garantías jurisdiccionales. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 42, los casos en qué la acción de protección no procede, específicamente en el numeral 4, se determina por regla general, que no procede la acción de protección si el acto administrativo puede ser impugnado por la vía judicial salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. La acción de protección es procedente de todo acto u omisión que viole o haya violado los derechos que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Al ser inmediata en la presencia de una vulneración de derechos la mayoría de abogados prefieren anteponer una acción de protección conociendo que la vía constitucional no sustituye la vía ordinaria, además sin haber planteado las vías administrativas, ordinarias y judiciales y demostrar que estas no sean idóneas los abogados prefieren irse directo a la vía constitucional para obtener la sentencia más rápido sin tener en cuenta que no todo conflicto jurídico tiene asidero en la vía da la acción por garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. Al haber un mal uso de la acción de protección se saturan de casos en la vía constitucional, haciendo que los procesos que en verdad necesitan una acción de protección porque se está vulnerando derechos humanos y ya se han agotado todas las vías ordinarias, no puedan ser conocidas con la rapidez que se necesita para amparar ese derecho que se está vulnerando.