LAS CONDUCTAS ILICITAS DE QUIENES ALBERGUEN, OCULTEN O PROPICIEN LA FUGA AL IMPUTADO DE UN DELITO, DE QUIENES ALTEREN, DESTRUYAN O SUSTRAIGAN LAS HUELLAS O LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO, SE LAS DEBE TIPIFICAR Y SANCIONAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO COMO DELITOS DE ENCUBRIMIENTO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Abstract

El presente trabajo de investigación, comprende un estudio jurídico, crítico del problema de la figura del encubrimiento que se da por parte de quienes, ocultan, dan albergue o propician la fuga de un imputado en la comisión de un delito, delito que va en contra de la administración de justicia, del problema que significa para la administración de justicia el caso de los funcionarios judiciales que en forma dolosa ocultan, destruyen o mutilan piezas procesales, documentos de un expediente judicial, con la finalidad de encubrir a quien se encuentra imputado en el cometimiento de un delito, conductas que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad debido al vacío legal de que adolece el Código Penal Ecuatoriano que no tipifica ni penaliza estos ilícitos. Estos problemas que se han detectado y que son de conocimiento de la ciudadanía y en particular de la administración de justicia, se han incrementado en forma notable, dando como resultado que la acción de la administración de justicia se vea afectada en su actividad, ya que estas conductas retardan, entorpecen la actividad judicial. Por lo que en la presente investigación, se realiza un análisis jurídico-crítico del problema del encubrimiento partiendo desde sus orígenes, de sus consecuencias, de los efectos sociales que se generan, de cómo se cometen estos ilícitos, en donde se cometen, de la solución que se puede dar a estos problemas, que no es otra que hacerlo mediante una reforme de carácter legal al Código Penal Ecuatoriano, incorporando disposiciones que tipifiquen y sancionen estas conductas. Es necesario que mediante estas reformas que planteo, se considere a estas conductas de encubrimiento de un imputado como delitos típicos dentro de la legislación penal ecuatoriana, como delitos autónomos dadas sus características especiales, y que su connotación cae dentro de los Delitos contra la Administración Pública, y en forma particular contra la administración de justicia.