EJERCER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA INDEBIDA RETENCIÓN DE PAGOS DE PLANILLAS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

Abstract

La contravención de indebida retención de pagos de planillas, como vulneración de principios, tiene su escenario en el Sistema Nacional de Contratación Pública en cuanto a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría en etapa contractual. Los elementos que deben observarse para determinar la existencia de retención indebida son: la certificación presupuestaria, los informes de fiscalización y los plazos de pagos estipulados en el contrato y en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las sanciones al funcionario o empleado público que incurre en la contravención de retención indebida de pagos son de dos clases: pecuniaria, como indemnización por daños causados al Estado y destitución del Cargo como sanción ejemplificadora. La Contraloría General del Estado, al conocer el caso, de ser pertinente impone la sanción que debe ejecutar la entidad nominadora bajo la vigilancia, de fiel cumplimiento, del Servicio Nacional de Contratación Pública. Los daños causados por la retención indebida de pagos principalmente es el detrimento del patrimonio y daño moral del contratista. El primero expresado en la pérdida de ingresos, oportunidades y gastos de asistencia jurídica; los segundos expresados en agravio del honor y la honra y la vulneración de la tranquilidad espiritual tanto para la víctima como para su familia. Existen otros tipos de daños, como los colaterales expresados en la relación del contratista con sus colaboradores, proveedores y pagos de pólizas. El contratista que ha cumplido satisfactoriamente las cláusulas contractuales tiene el derecho ineludible a ser pagado conforme se ha pactado, sin por ello ser castigado con una retención indebida, por lo que la reparación integral de los daños causados es un acto de justicia que debe incrementarse en las sanciones ya estipuladas en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.