INADECUADA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN EL ECUADOR, EN EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS.

Abstract

Mi trabajo de tesis esta direccionado a la concienciación de las autoridades y toda persona que aprecie el contenido crítico de mi trabajo investigativo, demostrando que con mi estudio personal de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum del 28 de septiembre de 2008, el desaparecido Tribunal Supremo Electoral pasa a ser declarado como una Función del Estado, autónomo, con personalidad jurídica propia, que tendrá las mismas atribuciones, con la diferencia de paridad de funcionarios y la existencia de Jueces Electorales; Función conformada por dos órganos bien definidos, el Consejo Nacional Electoral encargado de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos integrantes se encargarán de resolver conflictos políticos y jurídicos. Pero en torno a la designación de los funcionarios que integran la Función Electoral, existe una simplicidad total en cuanto a los requisitos para su designación, los cuales se evidencian fácilmente con el análisis de los resultados de la investigación de campo, así queda establecido el contenido del Artículo 218 inciso cuarto de la Constitución de la República del Ecuador que señala: “Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos”1, siendo este el principal vacío jurídico de consideración dentro de la Constitución. De esta forma no se garantizaría los derechos de los ciudadanos, contrario a los propósitos del Estado, que debería ofrecer una seguridad jurídica real para un adecuado desenvolvimiento y desarrollo social. Quedando demostrada la necesidad de estudio y necesidad de recomendar una propuesta jurídica de reforma viable a la Constitución, a fin de salvaguardar los intereses de los ciudadanos que integramos el Estado Ecuatoriano.