La Destrucción De Maquinaria Como Sanción A La Minería Ilegal Violenta La Garantía Constitucional Del Debido Proceso De Contar Con Un Juez Imparcial Independiente Y Competente

Abstract

El presente trabajo investigativo analizó la problemática que existe al proceder con la destrucción de maquinaria minera como sanción a la minería ilegal, la misma que se encuentra establecida en el artículo 57 de la Ley de Minería, la cual según la perspectiva del investigador violenta garantías fundamentales establecida en la constitución, que son garantías básicas del debido proceso, la cual manifiesta que en todo proceso tanto administrativo como judicial se debe de contar con un juez imparcial independiente y competente.

El objetivo principal de esta investigación fue realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y descriptivo sobre las garantías del debido proceso centrando principal atención a la garantía establecida en la Constitución de contar con un juez imparcial, independiente y competente. Además, se analizó que la Agencia de Regulación y Control Minero entidad administrativa pasa por alto las garantías antes mencionadas lo que genera un actuar parcializado que vulnera derechos de los involucrados, esto se logró satisfactoriamente comprobar gracias a la aplicación de métodos y técnicas de carácter científico que sirvieron para obtener resultados y fundamentar la propuesta de reforma de ley.

Además, se estableció que la Agencia de Regulación y Control Minero como autoridad administrativa, debe de respetar tanto la Constitución como las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, que establece que en todos los procedimientos sancionadores debe existir la debida separación entre órgano instructor y el órgano sancionador, aclarando que deben ser llevados a cabo por diferentes funcionarios públicos. Es evidente que esto no está siendo respetado por la ARCOM, ya que actúa como ente instructor del proceso en el cual se determina la existencia de la minería ilegal y al mismo tiempo, se encarga de sancionar en conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Minería, en contradicción con el apartado k) del párrafo 7 del artículo 76 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial, independiente y competente, lo que actualmente no está siendo respetado por el actuar de la Agencia de Regulación y Control Minero.