INCORPORACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA, RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE GARANTICE EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.

Abstract

Según la Constitución de la República “las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser humano además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”1 Por lo expuesto es importante que el Estado proteja de manera adecuada a los menores de edad ya que por su naturaleza misma de seres humanos no pueden ser excluidos jamás de los derechos que les corresponden en general a todos los hombres. Además, los niños, niñas y adolescentes por mandato constitucional son sujetos de ciertos derechos especiales que les corresponden específicamente en razón de ser parte de tal grupo vulnerable. Sin embargo cabe mencionar que el reconocimiento de aquellos en la Constitución, y el señalamiento de algunos derechos prioritarios, no han significado en la práctica el mejoramiento de las deplorables condiciones de vida en que se desenvuelven sus actividades la gran mayoría de menores de edad en el país, ni siquiera se encuentran en condiciones de acceder a servicios básicos como lo son la salud, la educación, la seguridad social, etc. Por lo tanto es necesario que dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se prevean normas que permitan hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución y la ley, solo de esta forma se logrará que dichos derechos gocen de aplicación fáctica.