La Prisión Preventiva como única Medida Cautelar Personal, en Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública

Abstract

La presente tesis titulada: “La Prisión Preventiva como única Medida Cautelar Personal, en Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública” se plantea ante la necesidad de combatir la corrupción del país y que los delitos cometidos contra la misma no solo queden con una sentencia dictada sino que el infractor cumpla la pena privativa de libertad y la reparación integral de la víctima; tema que genera gran controversia social por ser la medida cautelar que coarta de manera directa el derecho a la libertad personal. La sociedad ecuatoriana, está cansada del cometimiento de delitos contra la eficiencia de la Administración Pública cometidos por servidores públicos, atentando el artículo tres numeral ocho de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Las políticas anticorrupción que ha planteado el gobierno para contrarrestar este problema jurídico - social no son suficientes porque al aplicarlas se logra el juzgamiento pero los procesados al haber sido servidores públicos, logran evadir o entorpecer el proceso a través de mecanismos de manipulación o la fuga, esto es por la ineficacia de las medidas cautelares personales dictadas en el proceso penal. 3 Las medidas cautelares personales actualmente aplicadas a los procesados por delitos contra la eficiencia de la Administración Pública son ineficaces generando dudas en la ciudadanía en general sobre la existencia de una verdadera justicia, conductas delictivas de la misma naturaleza donde en un caso el juzgador aplicó prisión preventiva mientras que en otro se designó la prohibición de salida del país. En los primeros se logra obtener el cumplimiento de la sentencia y reparación integral mientras que en los que no se dicta prisión preventiva, se ven entorpecidos de alguna manera, la más común con la fuga del procesado. Ante estos hechos los juzgadores se liberan de responsabilidad por la libertad en la aplicación de otras medidas cautelares que no cumplen sus fines y entorpecen el proceso penal y cumplimiento de la pena. El planteamiento de este trabajo de investigación sería para que los miembros de los Tribunales de Garantías Penales, cuando los Fiscales soliciten la aplicación de medidas cautelares personales, puedan dictar como única medida cautelar personal la prisión preventiva en delitos contra la eficiencia de la Administración Pública, sancionados con pena privativa de libertad superior a un año. Para el desarrollo del presente tema investigativo se planteó el objetivo general que es el realizar un estudio doctrinario, jurídico y social sobre la prisión preventiva para el sujeto activo responsable por delitos contra la eficiencia de la Administración Pública; así como tres objetivos específicos, 4 el primero determinar la necesidad de la implementación de la prisión preventiva como única medida cautelar en los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública; el segundo establecer la vulneración de derechos que genera la sustitución de la prisión preventiva en los delitos contra la eficiencia de la administración pública y el tercero plantear un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal sobre el tema investigado, los cuales se cumplió durante la elaboración de la investigación. El acopio teórico, jurídico, doctrinario, la aplicación de encuestas, entrevistas y estudio de casos permitieron promover una discusión del tema con diferentes puntos de vista, dando como resultados fundamentos claros y precisos sobre la aplicación de la prisión preventiva como única medida cautelar personal en delitos contra la eficiencia de la Administración Pública gracias a la investigación se logró determinar que la propuesta se aplicaría cuando los delitos sean sancionados penas privativas de libertad superior a un año. Teniendo como antecedente una investigación con criterios y razonamientos jurídicos fundamentados para presentar una propuesta ejecutable.