PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LAS ÓRDENES ESPECIALES DE DELITOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN

Abstract

El delito de terrorismo y su financiación, es una figura jurídica, impuesta en nuestra legislación penal, por el Grupo de Acción Financiera Internacional, institución que lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, que nuestro país, tuvo una prontitud de aprobar el Código Orgánico Integral Penal, por exigencias de este organismo, en la que autoridades ecuatorianas informaron ante este organismo para dar a conocer que se cumplía con los requisitos que ellos exigían, sin que se tome en cuenta principios básicos del debido proceso. Así el inciso primero del Art. 552 del Código Orgánico Integral Penal, expresa: “En los delitos de terrorismo y su financiación, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, se disponga el establecimiento de medidas cautelares en el caso de las personas naturales o jurídicas identificadas como terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas o de personas que actúan en nombre de ellos o bajo su dirección, que figuran en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.” El terrorismo y su financiación no son delitos exclusivos de nuestro medio, sino que se debe a política internacional de combate a estas conductas delictivas, ahora bien en estos delitos el fiscal puede solicitar medidas cautelares en el caso de personas naturales o jurídicas, y una de las condiciones para hacerlo es que figuren en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo que evidencia que 6 no es necesario que se abra un proceso o se acuse a determinada personas por el cometimiento de este delito, tan solo basta que conste en esta lista. Entre las atribuciones que tiene el fiscal, el Art. 444 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal tiene la de “Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho.”, lo que evidencia que para dictar medidas cautelares, éstas se deben solicitar en un proceso judicial o investigación previa por la acción del delito que se imputa, pero en el caso de terrorismo la solicitud de medidas cautelares de personas por el solo hecho que figuren en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, no se imputa un delito, y no se ha seguido la acción penal, lo que sí, en estos caso debe expresar previamente se siga una acción penal, para poder solicitar la medida cautelar, teniendo la finalidad para garantizar la defensa de la víctima y el restablecimiento del derecho La solicitud de medidas cautelares, por constar una persona la lista de terroristas en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, es una medida que se sigue aun cuando no exista un proceso judicial, que, a las finalidades del juzgador de dictar las medidas cautelares, señaladas en el Art. 519 del Código Orgánico Integral Penal, no se ajustan a la de “1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal; 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación 7 integral; 3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción; 4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.”, las medidas solo pueden ser impuestas instaurado el proceso judicial o en caso de investigación previa, y no es aplicable fuera de estos casos. Si se solicita medidas cautelares en caso de terrorismo y su financiación cuando las personas figuran en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, sin que se siga un proceso va en contra de la presunción de inocencia señalada en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, y Art. 5 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, que también se encuentra garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si se dictan medidas cautelares sin imputarse delito alguno, ni existir proceso alguno en su contra, afecta socialmente a las personas, porque se dictan medidas que se deben a políticas internacionales que contradicen las garantías del debido proceso y afectación de seguridad jurídica de presunción de inocencia, por ende, las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades correspondientes.