LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CAUCIÓN, CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 27 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

Abstract

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación en el área del Derecho Positivo; El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de estudiar desde el aspecto legal, y más aún, de constitucionalidad, la aplicación de las normas procedimentales del nuevo ordenamiento jurídico, el cual se encuentra contenido en el nuevo Código Orgánico General de Procesos. En virtud de aquello desarrollo la problemática del tema planteado, esbozando los mandatos constitucionales que se contraen en primer lugar al mandato contenido en el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que en su parte pertinente ordena: “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad...”1; integralidad que parte del principio de que todos los derechos consagrados en la Constitución son fundamentales, y que no permiten establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos, a tal punto que no se puede establecer que unos son más importantes que otros. 1CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Ed. Actualizada a marzo de 2014. 3 Es inconcebible pensar en llevar una vida digna si estos derechos se ven transgredidos por normas procedimentales que violan el acceso a la justicia, lo cual va en contra de norma expresa, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución de la República que ordena: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.”2; más aún, dentro del mismo cuerpo normativo encontramos que el numeral 4 del artículo 168 del mismo cuerpo Constitucional ordena de forma imperativa: “El acceso a la administración de justicia será gratuito”3 En consecuencia, como todo derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la justicia necesita de un sistema de garantías que posibilite su ejercicio pleno, pues esto se contrae a que el Estado cree las vías materiales y las condiciones jurídicas necesarias que garanticen la vigencia del mismo sin obstáculos que interfieran en la igualdad, y así, tener un ejercicio efectivo de los derechos que son justiciables; En razón de estas aseveraciones el artículo 169 de la Constitución de la República consagra que: “El sistema procesal es un medio para la realización de 2Ibídem. 3Ibídem. 4 la justicia”4, por lo tanto, la caución se encuentra contenida en el artículo 27 del Código Orgánico General de Procesos, misma que en su contenido ordena: “Presentada la demanda, dentro del término de tres días, la o el juzgador fijará una caución de entre uno y tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por la o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo.”; y de esta manera establece un requisito de procedibilidad, mismo que atenta con el libre acceso a la justicia y su gratuidad, en consecuencia se reconoce que estos derechos tienen el fin de que toda persona pueda hacer le uso de la defensa en condiciones de igualdad y de seguridad jurídica, sosteniendo que el derecho a la igualdad “…debe ser real y no formal, buscando que la igualdad de las personas se concrete en hechos que sean tangibles, eliminando las brechas entre la norma y la realidad, permitiendo que las personas que consideren que sus derechos han sido violados, amenazados o negados, puedan obtener una solución prescrita en el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario el pago de una tasa judicial alguna para el reconocimiento de los mismos…”5. 4Ibídem.