El uso de agroquímicos, hormonas y más sustancias agropecuarias que violen el derecho constitucional de las personas a un hábitat seguro y saludable, y su tipificación como infracción penal.

Abstract

Uno de los derechos fundamentales que se reconoce a todas las personas en el Ecuador es el de poder vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, garantía que está acorde con el deber estatal de proteger y garantizar el máximo nivel de salud de los seres humanos, que forman parte de su territorio. Para hacer efectiva la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano y la salud de las personas, la Constitución de la República establece la obligación del Estado de promover, tanto en el ámbito público como privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías no contaminantes y de bajo impacto, para lo cual se deberá prohibir el uso de productos agroquímicos y organismos genéticamente modificados que sean perjudiciales para la salud humana, o atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas. Sin embargo, en la producción agrícola y pecuaria ecuatoriana, continúa dándose el uso de productos agroquímicos altamente tóxicos, algunos de ellos internacionalmente prohibidos por los efectos dañinos que ocasionan a los animales, al suelo y a la salud de las personas; así mismo, se manejan sustancias genéticamente modificadas como las hormonas que también atentan al equilibrio del medio ambiente. El uso de sustancias prohibidas para obtener productos que serán empleados en la alimentación humana, provoca también la alteración de los elementos que componen el medio ambiente, siendo por tanto una conducta ilegal e irresponsable que debe ser sancionada de manera adecuada. Hasta la actualidad el Código Penal no contempla ninguna norma relacionada con el comportamiento ilícito mencionado en los párrafos anteriores, por lo que este trabajo reúne los elementos teóricos, jurídicos y doctrinarios necesarios para demostrar que es necesario criminalizar estas conductas a objeto de prevenir el daño que las mismas ocasionan, y proteger de la mejor manera posible el medio ambiente y la salud, como bienes inestimables que garantizan el derecho de las personas a la vida, y avanza hacia la estructuración de una propuesta jurídica de reforma que procura alcanzar este importante cometido.