Reformar el artículo 4 de la ley orgánica de defensa del consumidor, para proteger los derechos de los consumidores

Abstract

La Constitución de la República, en su Sección Novena, señala acerca de las Personas usuarias y consumidoras, en donde específicamente en su artículo 52 manifiesta: “Derecho a bienes y servicios de óptima calidad.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor” Es decir el Estado es el llamado a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias, a través de sus instituciones que en sus atribuciones, funciones, normativa y política pública tienen competencias para la tutela y promoción de los derechos de los consumidores. Todo acto de consumo, implica evidentemente entrar en un proceso de comercialización, para lo cual se requiere información para las empresas en un principio y luego para el consumidor, hecho que sirve para satisfacer las necesidades de ambas partes, cuyo fin es decidir por el menor riesgo posible en la venta y en la compra de bienes y servicios. En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, específicamente el Art. 4 habla de los derechos del consumidor, sin embargo el citado cuerpo legal no guarda concordancia con la normativa constitucional, ni con el nuevo modelo económico popular y solidario, por cuanto es preciso se establezca mecanismos de control de calidad, procedimientos de defensa del consumidor, reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios; así como mecanismos de protección por interrupción de los servicios públicos no ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual pretendo reformar el Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.