La necesidad de reformar el procedimiento en la concesión de derechos de aprovechamiento del agua, que garanticen la eficiencia y la inmediatez.

Abstract

El Estado ecuatoriano a partir de la década de los 90 del siglo XX, es decir en la época del mercado liberal y del pensamiento conservador, dirigido en forma particular por el ex presidente Arq. Sixto Durán Ballén, las políticas libre mercado, de reducción del Estado y su teoría de la mini intervención, la infraestructura de riego sufrió un retroceso total, condenado a la inmigración y a la extinción a miles de familias campesinas e indígenas que tuvieron que buscar otras opciones productivas, entre ellas la migración del campo a la ciudad y de la ciudad al exterior. Esto vino de la mano, acompañados de un paquete de medidas que beneficiaron, supuestamente a los créditos productivos para la agroindustria, a quienes incluso se otorgaba a esa fecha cero aranceles en la importación, éstos también se convirtieron en beneficiarios de acuerdos internacionales. Es decir, la política agraria y la política hídrica en el Ecuador, se ha manejado para beneficio de sectores oligárquicos que se han valido del estado, para beneficiarse en la construcción de canales de riego, que solo sirven a la tierra de los terratenientes, como ejemplo tenemos, los canales de riego de Zapotillo y Macará en la provincia de Loja. Esta era la época que resplandecía el neoliberalismo, el libre mercado, la libre competencia, la libertad absoluta de un mercado que ha sido planteado como principio y fin de los problemas sociales, pero que mira al capital como columna central de sus actividades, cuyas consecuencias son las protecciones para reducidos grupos de poder económico. Donde, según los defensores del neoliberalismo, el Estado debía desentenderse de los aspectos sociales, como era el problema del agua. Lo que sí lograron los neoliberales es que el Estado se desentendiera de los seres humanos empobrecidos, como son los sectores marginados del campo y profundizarán aún más las contradicciones entre la ciudad y el campo. Hay una relación directa entre el acceso del agricultor al agua de riego y el aumento de la producción, por tanto el agua debe ser un aspecto para el desarrollo de sectores históricamente postergados como el campesino. Este argumento deja de lado la postura de los neoliberales que dicen que la agricultura campesina es inviable y por ello hay que priorizar el agua para la agroindustria o la gran exportación de flores, banano, palma y minería cuyas consecuencias se las conoce desde antemano, como es el caso Portovelo. Según datos del censo agrario, el Ecuador tiene 8 millones de hectáreas de tierra cultivable, pero de estas, solo 800 mil, es decir el 10% tienen agua con riego y de este porcentaje, la mayoría corresponde al riego campesino que no ha recibido ningún tipo de apoyo estatal y con bajísimos niveles de tecnificación. Además hay que señalar que la agricultura campesina es la responsable de la producción de la mayoría de alimentos de nuestra canasta básica, pues los agro exportadores (producen para el exterior y dejan la plata en el exterior), no cultivan los mellocos, el chocho, las papas, lo hacen los pequeños campesinos sin crédito, sin riego, sin carreteras. En definitiva apostarle al riego campesino redunda en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, y mejorar los niveles de desarrollo. Es decir el riego es una herramienta para salir de la pobreza.