Reformas legales al artículo 27 del código orgánico general de procesos relacionado a la caución, para garantizar el derecho a la gratuidad de la justicia.

Abstract

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 168 numeral 4, establece que el acceso a la administración de la justicia será gratuito. En este punto la doctrina hace una distinción entre la gratuidad de la administración de la justicia y la gratuidad de la justicia, siendo esta última mucho más amplia e incluiría no solo la exoneración de las tasas de acceso al servicio público de justicia, sino también todos los gastos que puedan poner a las partes en desventaja al momento de litigar. Es decir según la Carta Magna, la gratuidad de la justicia incluye no solo la gratuidad en los juicios, sino también en la defensa pública y en toda actuación de la justicia, como en los peritajes, anotaciones registrales y notariales, etc. La gratuidad es un principio constitucional y legal previsto en los artículos 75 y 168, numeral cuarto de la Carta Magna, y 12 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales establecen que el acceso a la administración de justicia es gratuito y es un servicio público básico y fundamental del Estado. De igual forma la Carta Magna garantiza el principio de imparcialidad, entendido este como una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona la existencia misma de ese quehacer; de ahí que más de una vez se haya dicho, desde una perspectiva cuasifilosófica, que "sin Juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional." El Artículo 27 del Código Orgánico General de Procesos al referirse a la demanda de recusación, señala que, presentada la demanda, dentro del término de tres días, la o el juzgador fijará una caución de entre uno y tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que serán consignada por la o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo. No obstante hace una excepción del pago de la caución antedicha al Estado. En materias de niñez y adolescencia y laboral. Por lo expuesto este noble ideal de la gratuidad de la justicia, ha quedado en un simple enunciado y en una mera aspiración, en razón de que según lo determina el citado artículo del Código Orgánico General de Procesos, si el actor no deposita el monto de la caución fijado por el juez, no se califica la demanda y simplemente debe disponer el archivo. Según lo dispuesto por la legislación civil ecuatoriana, en términos generales, caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca. Añadiremos, el depósito en dinero a la orden del juez de la causa no obstante en el presente caso que nos ocupa, la caución se rinde para dar trámite a una demanda de recusación, lo cual deja mucho que decir. Según la Doctrina Jurídica la caución procesal, es una garantía de carácter patrimonial que debe prestar una de las partes en el proceso a fin de asegurar a la otra el cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo. Sostiene que por lo general, consiste en poner a disposición del juzgado una cantidad de dinero o de bienes fungibles. En algunos casos también se gravan bienes inmuebles a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del proceso. Ahora bien, frente a esta innegable realidad del costo de la justicia, como es regular una caución como es de uno a tres salarios básicos del trabajador en general, se lesiona de manera flagrante el derecho a la gratuidad que tanto se pregona en la Norma Suprema. El mismo artículo 27 del COGEP no especifica en qué casos se debe señalar caución de uno, dos o tres salarios, lo deja a criterio del juzgador. En este sentido de no pagar esa caución podría dejar en estado de indefensión a una persona. Por lo tanto, corresponde al Estado, a través del gobierno actual, buscar las soluciones adecuadas o los medios indispensables para que el principio de la gratuidad que consagra nuestro sistema jurídico, sea una realidad y no una farsa. Por lo expuesto y a fin de garantizar este derecho constitucional de la gratuidad de la justicia y por cuanto estimo que el monto de la caución es exagerado, considero que debe regularse de acuerdo a la cuantía del proceso, en aquellas demandas con cuantía determinada, y en casos cuya cuantía sea indeterminada, dicha caución no debe superar los cien dólares de los Estados Unidos de Norte América.