Los trabajos comunitarios o agrícolas y su aplicación como sanción a los delitos reprimidos con penas de un año de prisión.

Abstract

El deli to es un acto humano, antijurídico, real o potencialmente lesivo a un bien o interés protegido por la ley; de él nace la responsabi lidad penal y civil del infractor. En la responsabilidad penal, se trata de castigar o reprimir los hechos que lesionan a la sociedad mediante la apl icación de una pena que será impuesta a la persona que cometió el acto típico, antijurídico y doloso. Mientras que, lo que se trata de obtener en la responsabilidad civil es que la persona que ha suf rido un perjuicio sea resarcido por quien lo causó, este resarcimiento se concentra en el pago de una suma de dinero equivalente al daño causado, mediante la correspondiente acción de indemnización de daños y perjuicios. Es decir, la acción de indemnizar está dada por la cuantía del daño efectivamente suf rido por la víctima. El daño por def inición, produce una disminución en el patrimonio del perjudicado, y por lo tanto, la acción de indemnización se encamina a restablecer el estado anterior del patrimonio, como si el daño no se hubiera causado. Una vez declarada la existencia de la inf racción y la responsabilidad del procesado, cabe mediante sentencia condenatoria la imposición de una pena y la obligación de indemnizar a la víctima del del ito; pues el Art. 52 del Código Penal dispone que toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación sol idaria de pagar las costas procesales por parte de todos los responsables del delito. Los daños y perjuicios serán pagados así mismo en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se haya ejercitado acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización. La indemnización de los daños y perjuicios es un derecho constitucional que tiene la víctima y forma parte de la llamada reparación integral. Sin embargo, dentro de la Administración de Justicia, la víct ima en pocas ocasiones accede a este derecho, culpa de ello tiene en parte la misma legislación, pues contiene disposiciones ambiguas, ya que en lugar de disponer que el mismo órgano de justicia que emite la sentencia penal condenatoria sea quien f ije el monto de los daños y perjuicios; se otorga dicha competencia a distintos operadores de justicia según el Art. 31 del Código de Procedimiento Penal, lo que atenta contra el derecho de las víct imas a la reparación integral y vulnera además los principios de simplif icación, celeridad y economía procesal.