Necesidad de reformar la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, con respecto a las reclamaciones administrativas.

Abstract

El Estado como la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, encargado del ejercicio de poder, con la finalidad ulterior de alcanzar el bien común. Para ello ha necesitado de un conjunto de normas jurídicas que regulen la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en sus relaciones con los particulares y la relación entre los órganos que la integran; a este conjunto sistemático de principios y normas se denomina Derecho Administrativo. Con la finalidad de dar cumplimiento a los fines del Estado y satisfacer las necesidades sociales que se orientan hacia el bien común, éste desarrolla una amplia gama de hechos, actos y procedimientos, en el quehacer de la Administración Pública, así pues aquellas manifestaciones del accionar público se reflejan en la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si consideramos que la Contratación Pública conlleva al punto de encuentro entre el sector público y el privado nos damos cuenta que existen intereses económicos muy grandes; por lo que es necesario garantizar la transparencia en estos procesos desechando la posibilidad de ejercer prácticas corruptas, con la prevalencia de la potestad descrecional de una entidad contratante. Con el Sistema Nacional de Contratación Pública se pretende conseguir el aprovechamiento de la compra pública para dinamizar la producción nacional, fomentando la participación de medianas, pequeñas y micro empresas ecuatorianas, proponiendo una gestión ágil sin obviar procedimientos transparentes, justos, democráticos y técnicos, sobre todo permitir la participación en igualdad de condiciones a todos los oferentes, entonces es necesario dar cumplimiento cabal a los principios que rigen la Contratación Pública.