El principio de legalidad de la pena y la aplicación de sanciones alternativas de conformidad con el art. 77, numeral 11 de la constitución, en relación con el derecho penal indígena.

Abstract

La presente tesis se concreta al estudio de la compleja problemática que se produce como efecto de la evidente falta de armonía que existe entre nuestra legislación penal y las modernas corrientes del Derecho Penal, que se dirigen hacia la humanización de la sanción, y a desterrar la venganza privada o pública como fundamento de aquella, así como dirigiendo un buen número de delitos, especialmente de aquellos llamado bagatela, hacia el ámbito administrativo, dando lugar al desarrollo de un Derecho Penal de mínima intervención. Sin embargo de estas corrientes se evidencia un franco retroceso de las finalidades del Estado constitucional de derechos en cuanto el Art. 171 de la Constitución de la República reconoce a las autoridades de los pueblos ancestrales poder jurisdiccional para administrar justicia en el ámbito penal, actividad que se realiza completamente al margen de los procedimientos y de las sanciones que establece el ordenamiento constitucional y la ley, por lo que se han venido aplicando castigos corporales y psicológicos sumamente atentatorios a la integridad humana, y que de ninguna manera cumplen con el primordial principio de legalidad que establece el Art. 76, numeral 3, de la Constitución, por lo que su aplicación resulta una grave arbitrariedad que echa por los suelos el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos procesados indebidamente en dichos ámbitos, lo que podría general responsabilidad civil no solo de parte de las autoridades que patrocinan tales abusos, sino de parte del Estado ecuatoriano que hasta el momento no ha podido frenar estas prácticas de barbarie que son cada vez más comunes en las diversas comunidades indígenas que coexisten en el Ecuador.