Inconstitucionalidad del art. 22 de la ley de caminos.

Abstract

El Art. 173 de esta Constitución de la Republica del Ecuador manda que, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial; de tal manera, que necesariamente debe haber acto, hecho o contrato administrativo emitido por autoridad administrativa para que los administrados puedan impugnarlo ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, debiendo hacerlo desde el siguiente día de la notificación y dentro del término o plazo establecido en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que no opere la caducidad. En sí, lo que caracteriza a la acción contenciosa administrativa es la resolución de conflictos entre la Administración Pública y los particulares, ocasionalmente entre entidades de la misma administración pública. Por lo tanto, unas de las partes, el actor o el demandado debe ser obligatoriamente una entidad pública. El Art. 22 de la Ley de Caminos ordena que, los litigios relacionados con caminos públicos, que por esta ley no estén atribuidos a otra autoridad, serán conocidos por los jueces de lo contencioso administrativo del lugar donde está ubicado el camino público; se refiere a juicios de caminos públicos por disputas de caminos públicos de herradura, de caminos privados de uso público y de caminos privados; no se impugna acto, hecho o contrato administrativo alguno y ninguna de las partes es entidad pública para que sea acción contenciosa administrativa y por ende de competencia de los jueces de lo contencioso administrativo. No obstante la claridad de la naturaleza de la acción contencioso administrativa, el Art. 22 de la Ley de Caminos pretende que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo resuelvan problemas de caminos que son conflictos entre particulares; para el actor el camino es público, mientras que para el demandado es privado y así se traba la litis. De cualquier modo es un conflicto entre particulares y por lo tanto de naturaleza civil, competencia de los jueces civiles. Considero que los juicios de caminos públicos deben tramitarse ante los jueces de lo civil para que se brinde una administración de justicia ágil y oportuna; y, se cumpla con los principios de celeridad y eficacia. En mi criterio, en la forma como está concebido el Art. 22 de la Ley de Caminos es inconstitucional, por cuanto contradice al Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador.