Necesidad de tipificar la captación indebida de fondos, como un delito contra la propiedad de tipo autónomo.

Abstract

En líneas subsiguientes se encuentra el desarrollo de un trabajo de investigación de carácter jurídico-social, que aborda una temática de relevante vigencia por su actualidad e importancia en nuestro medio; objeto de estudio que fue elegido para su desarrollo entre una gama de problemas preseleccionados, debido a la factibilidad económica, bibliográfica y metódica, por lo cual, he tratado de plasmar lo que surgió como una inquietud a la cual inicialmente no encontré ninguna respuesta jurídica y que ahora espero poder llenar el vacío legal existente en el Código Penal Ecuatoriano, respecto a la necesidad de establecer una nueva figura jurídica que determine sanciones para las personas que comentan lo que en otras legislaciones se ha llamado la captación indebida de fondos del público; más aún cuando sabemos que por principio Constitucional, Doctrinario y legal, ningún acto del hombre puede reprobado si una ley no lo prohíbe, imposibilitando la aplicación de sanciones de cualquier índole. Por ello este trabajo de encuentra estructurado en dos secciones en las cuales se acopia abundante información respecto a la legislación penal vigente en nuestro país, se hace referencia además a varios casos pasados y actuales que fueron expuestos en la palestra pública, y que tanto a nivel nacional como internacional, causaron conmoción, sufrimiento a miles de personas que desarrollaron un sentimiento de impotencia y sensación de impunidad por la poca eficiencia de autoridades y falencia de las leyes. Todos los elementos constitutivos de infracciones como la estafa, el abuso de confianza y la usura fueron contrastados con los elementos particulares de la nueva figura jurídica propuesta en éste trabajo, ya que considero que existen los requerimientos necesarios para que se considere a la captación de fondos como un delito contra la propiedad de tipo autónomo, que no se equipara en cuanto a su connotación social y económica a ningún otro delito; es así que fácilmente podemos identificar y encontrar en su configuración al sujeto activo, al sujeto pasivo de la infracción y el bien jurídico protegido que representa pérdidas millonarias que no solo afectan a la economía de miles de familias sino a las actividades de comercio, banca y producción formal de nuestro país. Y contrario a lo que se podría pensar, aún no se han efectuado cambios estructurales que propendan a la protección integral del patrimonio y economía de la sociedad que se encuentra a merced de unos cuantos sujetos que dotados de gran capacidad de convencimiento, ponen en marcha planes que lo único que pretenden es captar grandes capitales en poco tiempo y con un solo golpe, apropiarse de dineros del público mediante la utilización de los más variados mecanismos como las pirámides, casas de empeño, emisión de tarjetas y programas de inversiones que no garantizan nada más que la pérdida del dinero en la supuesta inversión que normalmente resulta ser ficta.