La justicia indígena costumbres, tradiciones y la vulneración de los derechos fundamentales en la aplicación de esta justicia.

Abstract

El Ecuador es un país plurinacional, en donde conviven diversas nacionalidades y pueblos indígenas, así como los pueblos afroecuatorianos y blancos mestizos, cada uno de ellos con características socioculturales muy particulares. La Asamblea Constituyente de 1998 presidida por doctor Osvaldo Hurtado Larrea, al dictar la nueva Constitución, incorporó, a sus preceptos, el derecho de las autoridades de las comunidades aborígenes a ejercer la ―justicia indígena‖; derecho que la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi lo acogió, primero, y lo insertó, después, en la Constitución del 2008, hoy en vigencia. No puede menos de mencionarse que esta facultad, en una y otra Constitución, se refiere a la solución de conflictos internos de los pueblos indígenas, y condiciona su aplicación a que sus normas y procedimientos, no sean contrarios a la Constitución de la República, a las leyes y a los derechos humanos. Más, al amparo de ella, y con frecuencia preocupante, se han dado excesos sin nombre. Juzgamientos que vulneran flagrante e impunemente las reglas de convivencia social y el debido proceso, las garantías constitucionales, los derechos humanos, la ley. Imposición de penas proscritas hace mucho de las legislaciones de los pueblos civilizados; secuestros, castigos infamantes, azotes, tortura y muerte. Claramente se advierte que los procedimientos para la aplicación de la justicia indígena, en la mayoría de casos, a más de contrarios a la Constitución y a los derechos humanos, delatan regresión inadmisible a formas de conducta propias de etapas superadas, y menguan la propia identidad cultural de los pueblos aborígenes que se pretendía rescatar. Este problema alienta el debate sobre la conveniencia de mantener la justicia indígena o devolver a la Función Judicial el ejercicio, ejercicio exclusivo, pleno, de la potestad jurisdiccional, es decir de administrar justicia, y restablecer, por tanto, el principio de la igualdad de todos los ecuatorianos frente a una misma ley.