Aplicación del principio constitucional de oportunidad, en la investigación fiscal.

Abstract

Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta cinco años de prisión, que pese a no comprometer gravemente el interés público o vulnerar el interés del Estado, se tramitan de una forma normal, teniendo en consideración que pese a estar debidamente estipulado en la Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que respecta al Principio de Oportunidad. Se debe destacar que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una forma adecuada en lo que respecta a las personas que han cometido cualquier tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal; sin embargo se tramitan largos procedimientos que ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el ilícito; como inútiles gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la mayoría de las veces a una sentencia definitiva; dejando inquietud y zozobra en la sociedad por falta de una adecuada administración de justicia. Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, es por ellos que considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.”. Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes formamos parte de un Estado Social de Derechos, pues nos da la pauta para que todos los ecuatorianos tengamos derecho a tener acceso a los distintos órganos de la función judicial y a su vez estos están en la obligación de ser recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación de sus servicios judiciales y además con la efectividad de la denominada tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos órganos. Constituye la guía para la Nación entera mediante la cual la ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales. El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el Art. 39 innumerado 3, del Código de procedimiento Penal; en el que se reglamenta la aplicación de este principio, por medio del Fiscal el mismo que de forma textual dice: “Art (…) “Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada”. Esta disposición se justifica en que por un lado debe economizarse fondos públicos para iniciar una investigación preprocesal y por otra, que en determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes, este principio constitucional no está siendo respetado violentándose muchas de las veces los derechos del ser humano. Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los ciudadanos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado.