Necesidad de incorporar en el código orgánico de la función judicial a los registradores de la propiedad del Ecuador.

Abstract

El registro de la propiedad surge de una manera rotunda, contribuyendo con el progreso del Derecho privado, como una de las más útiles de las instituciones jurídicas y de la vida económica de la mayoría de los países. Ello se ha ido produciendo históricamente a medida que la especulación jurídica iniciada por la escuela de glosadores y post glosadores, elabora conceptos científicos de un derecho nuevo, con cuyo aporte fue desarrollándose una doctrina coherente del instrumento público que prefigura y esclarece la función del registrador de la propiedad La necesidad de dejar constancia de los hechos realizados surge desde tiempos remotos debido a la existencia de los grupos sociales, en donde con la finalidad de legalizar los actos a través de los instrumentos que gozaran de legalidad y veracidad. Los grupos sociales de la antigüedad veían la necesidad de dejar plasmado en algún documento o de alguna manera ciertas transacciones realizadas entre, es por esto que desde ese entonces el registro de la propiedad ha ido surgiendo y evolucionando conforme han ido cambiando las sociedades a través de los tiempos. Los registros de la propiedad son instituciones que en la actualidad pertenecen a la función judicial, pero que gozan de autonomía, pues sus ingresos se generan a través de los actos que allí se celebran, y es con estos con los cuales deben financiarse todas las actividades relacionadas con ellas. En los registros de la propiedad se conservan a partir de su expedición, las matrices o protocolos de los documentos en ellos autorizados. Definir al registrador de la propiedad implica definir al registrador o sea que se le considere como grupo de quienes la desempeñan. Se ha dicho que la naturaleza del registrador se exterioriza en la práctica en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la función de registrar los documentos, la que a su vez, es una prerrogativa del poder público que va encaminada a declarar el derecho mediante una manifestación con la que se da forma al acto jurídico. El registro de la propiedad es una institución que surge en forma natural de la organización social, desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad, y que consiste en términos generales en el sistema organizado de personas investidas de fe pública para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan; el notario, pues, es un magistrado, representante del poder público, obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestación jurídica surja de la vida de relación contractual.