Unificación de las normas para impugnar en sede administrativa los actos administrativos de la administración pública, para evitar problemas de inseguridad jurídica en el País

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 173 establece que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial; de la misma forma en el Art. 76 numeral 7, literal m de este cuerpo normativo, estipula que el derecho a la defensa de las personas, incluye su capacidad de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, es decir determina a la impugnación como un derecho constitucional y general de toda persona para buscar que se rectifique la actuación de un ente público, considerada como errónea y lesiva a sus intereses. El derecho a impugnar en sede administrativa los actos de la autoridad pública se encuentra instrumentado principalmente a través de las instituciones procesales denominadas recursos administrativos; sin embargo en la legislación ecuatoriana, cada organismo del estado tiene normativa distinta en lo que tiene que ver con los procedimientos de impugnación de sus resoluciones, lo que impide una verdadera aplicación de los principios universales del derecho y de los postulados constitucionales, a diferencia de países más avanzados en justicia administrativa, tales como Perú, Colombia y España, que cuentan con procedimientos unificados de impugnación para toda la Administración Pública. Con estos antecedentes se concluye en el Ecuador se ha vuelto indispensable, la unificación de la normativa legal que regule los procedimientos de impugnación de actos para todas las funciones del Estado.