Reforma al código orgánico integral penal por afectación del principio procesal de la no autoincriminación en los casos de aplicación del procedimiento abreviado

Abstract

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación en el área del Derecho Positivo; Precisamente mi temática se enmarca en el tratamiento y revisión del derecho procesal penal y con mayor especificidad del código orgánico integral penal, cuerpo legal relativamente nuevo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, del que luego de un proceso de análisis, he decidido tratar lo relacionado con el procedimiento abreviado establecido en el artículo 635 que en forma textual dice: “Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas: Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.” El punto de controversia radica en el requisito número tres del artículo que antecede, que estimo es inconstitucional y contraviene las bases mismas de las garantías del debido proceso. Para la aplicación del procedimiento abreviado, el procesado debe aceptar su responsabilidad en el cometimiento de esa infracción penal, es decir debe aceptar su culpa como autor cómplice o encubridor del hecho que se presume puede constituir delito y estar dispuesto a la aplicación en forma voluntaria de este procedimiento; y, finalmente es indispensable que el abogado patrocinador de la defensa del procesado suscriba con su firma y rúbrica el escrito en el que éste último consiente en la aplicación del procedimiento abreviado. El recurrir al procedimiento abreviado implica que el procesado acepta de manera anticipada su culpa, su responsabilidad en la comisión de un delito, es decir sin que se haya agotado un juicio o llevado a efecto una audiencia de juicio, por lo que sin haberse evacuado y confirmado los elementos probatorios ya se le atribuye a éste su responsabilidad penal. Surgen entonces algunas interrogantes que nos hacen replantear el tema del respeto de las garantías del debido proceso, primero porque se acepta la autoincriminación, lo siguiente es que el fiscal es el competente para sugerir una sanción penal por el delito que ya ha aceptado el procesado, lo cual nos hace presumir que se lleva a efecto una especie de transacción en materia penal, quedando a la facultad discrecional del fiscal la sanción a imponerse bajo el argumento doctrinario de que es mejor aceptar la sugerencia de la pena propuesta por esta autoridad a esperar eventualmente una sanción más rigurosa impuesta en el juicio por el Tribunal de Garantías Penales; lo cual evidentemente coloca al procesado en una situación de vulnerabilidad, desprotección e indefensión; Lo que sigue es el hecho grave de que al someterse al procedimiento abreviado el procesado queda imposibilitado de defenderse, de hacer valer en el juicio sus alegatos, de contradecir las pruebas, en otras palabras pierde el derecho a ratificar su inocencia, pues ya ha aceptado como lo mencioné anteriormente su culpabilidad; queda evidenciado entonces un escenario en el que peligrosamente se arriesga la situación procesal de una persona en aras del principio de oportunidad, pues el sistema penal propenden a ser ágil y rápido en la solución de las controversias. En el ejercicio y aplicación del procedimiento abreviado dentro del proceso penal se ha podido advertir luego de revisar las consideraciones anteriormente descritas, elementos y caracteres que sólidamente permiten deducir que al derivarse o aplicarse este procedimiento especial se comprometen derechos irrenunciables de rango constitucional y principios procesales del procesado de carácter universal como el de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a la prohibición de auto incriminarse. Son importantes los aspectos que se mencionan y que serán objeto de estudio, análisis e investigación sustentada en criterios jurídicos y referencias conceptuales y doctrinarias atinentes a la temática planteada.