Especificación y análisis jurídico para la excusa del defensor público en la defensa de una persona

Abstract

El Art. 451 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta que el Defensor Público no podrá excusarse de defender a una persona salvo en los casos previstos en las normas legales pertinentes, esto va en contra de la norma constitucional señalada en el Art. 76 numeral 7 literal a) de la Constitución de la República del Ecuador que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento, porque los casos que pueda excusarse no están señalados en ninguna parte del Código Orgánico Integral Penal y en ninguna otra norma jurídica, y en todo el defensor público no puede excusarse de defender, aunque sean delitos graves las personas tienen derecho a la defensa, así las violaciones, asesinatos, traficantes de drogas, armas o personas, tienen derecho a la defensa. Cuando indica la legislación que el defensor no podrá excusarse a defender a una persona, se refiere a los delitos en el ejercicio público de la acción penal, pero cuando indica salvo los casos previstos en la normas legales, significa que se está excusando a defender a una persona, causando con ello inseguridad jurídica, porque la norma no es clara ya que va en contra de las garantías del debido proceso, como es que en los procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado a su elección o por defensora o defensor público, cuando no tenga las posibilidades de pagar un abogado en la cual el Estado le proveerá uno para su defensa. La prohibición de excusarse de defender por parte del Defensor Público es la norma general, en que el Código Orgánico Integral Penal, debe indicar si existiere una excusa debe nombrarse otro Defensor Público para que defienda al procesado, en la cual no debe quedar en indefensión, como es en el caso previsto en el Art. 214 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que en caso de excusa del juez o titular le reemplazará la jueza o juez temporal de conformidad con las disposiciones de este Código. A demás el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que en el ejercicio de los derechos, todas las personas son iguales, y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, pues al haber una excusa del defensor pública por casos previstos en las normas legales, se está discriminando a la persona en razón de un proceso, inaplicable a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos internacionales. Al excusarse el defensor público de defensa a una persona procesada en un delito en el ejercicio público de la acción penal, viola el derecho a la defensa que tenemos las personas, señalado en el Art. 76 numeral 7 literal a), b) y c) de la Constitución de la República del Ecuador, que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; y ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Al violarse el derecho al debido proceso, porque el defensor público se ha excusado de defender a una persona por los casos previstos en las normas legales pertinentes, no existe igualdad de condiciones, con ello se viola los principios de simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso del procedimiento para el ejercicio público de la acción penal. Es necesario que en este procedimiento se garantice el debido proceso que tiene el procesado para que el Juez Penal y Tribunal Penal actúen de conformidad con la ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos y de justicia, como es el derecho a la defensa ya que si se excusa de la defensa, por las normas legales pertinentes, se viola este principio, por lo que nadie puede ser privado de su derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. Por ello todos tenemos derecho a la defensa, siendo este inviolable, cuando no se sigue con el trámite si no es asistido por un abogado defensor, lo cual no se materializa mediante la libre actuación del interesado en el proceso.