Reforma al código orgánico general de procesos y código de la niñez y adolescencia, en cuanto a determinar la paternidad del demandado con respecto al menor, previa a la demanda judicial

Abstract

Nuestra Constitución determina en su Art.11 de la Constitución de la República, que el ejercicio de los derechos de todo ciudadano se basará en principios como: “1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución…”1 En esta parte se estipula el principio de igualdad, aunque es difícil de llevarlo a la práctica; el Estado como tal debe lograr la igualdad de oportunidades y los medios para alcanzarlas. De ahí que la obligación del Estado es dar solución a los problemas sociales que vulneran los derechos fundamentales de la sociedad. La Constitución de la República del Ecuador determina en su Art.44 que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales” La legislación de nuestro país, protege significativamente a los grupos vulnerables, en los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, en este caso en cuanto a los alimentos, esto tomado en cuenta las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes están plenamente garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, lo que está establecido en el artículo 45 que textualmente dice: “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” Todas las medidas legales que tome el Estado para garantizar el bienestar integral de los niños, las niñas y los adolescentes es loable, porque ellos son las personas más vulnerables en el presente y serán los que guiaran en el futuro a la patria. En nuestro marco Constitucional dentro del articulo Art. 75 se establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” De tal modo que todo ciudadano tiene la garantía de exigir que se cumpla toda norma en respeto de sus derechos existentes, mucho más el requerir la tutela efectiva de los administradores de justicia de forma imparcial y sin interés alguno. De ahí que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 11 menciona “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” Es importante tener en cuenta este principio de interés superior de la niña, del niño y del adolescente, que prevalece sobre todo, por lo que se debe esperar que sus derechos primordiales como lo es el derecho a la alimentación sean defendidos y garantizados, por el Estado, la Familia y la Sociedad. En el mismo Código, en el Art. 134 Innumerado 9 menciona que: “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. CNA 102 Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos” Así como el Código Orgánico General de Procesos en su Art. 146 inciso tercero de la calificación de la demanda determina que: “En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas”7. Cabe mencionar que al existir los derechos del Buen Vivir, garantiza en su Art.75 de la Constitución de la República que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. De tal manera que tanto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como el Código Orgánico General de Procesos, manifiestan que luego de ser calificada la demanda de alimentos se fijará la pensión de alimentos provisional y se enviará a realizar el examen de ADN, mientras que de antemano al imponer una pensión provisional trasgrede los derechos del presunto alimentante y progenitor del alimentado. Por lo que se debería proceder en primero establecer la paternidad del presunto progenitor para luego imponer una pensión provisional hasta que se establezca y desarrolle la Audiencia de Conciliación.