Análisis del procedimiento abreviado en la legislación penal Ecuatoriana en lo concerniente al trámite, audiencia y resolución

Abstract

Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derecho y Justicia, se denomina también un estado social de derecho, que implica la obligación positiva de intervenir para generar bienestar para los ciudadanos; y, es a partir de la afirmación rotunda de la supremacía de la Constitución sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, que se establece en una reconstrucción de todo el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales, se transforman en el eje central, y emitiendo sus efectos sobre todas las demás normas e instituciones jurídicas. Como lo señala claramente la norma legal pertinente, nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un juicio sustanciado conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de los derechos del procesado y de las víctimas. En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones inaplazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia, motivo por el cual se hizo necesario configurar un cuerpo legal integral denominado Código Orgánico Integral Penal, el mismo que ha sido publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014 y que entró en vigencia el 10 de agosto del mismo año. En el Título VIII del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a los procedimientos especiales, específicamente en el artículo 635 hace referencia al procedimiento abreviado, en el cual manifiesta algunas reglas para sustanciar este procedimiento, es necesario que el procesado admita voluntariamente la culpabilidad en el hecho que se le atribuye y que se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad de hasta diez años, siendo competente el Tribunal de Garantías Penales. La cuestión de este procedimiento es que en los artículos referentes al trámite, audiencia y resolución del procedimiento abreviado, existe un vacío por cuanto no se establece cuántas veces una persona puede hacerse beneficiaria de este procedimiento especial, y en qué delitos se puede aplicar, por lo que sería conveniente establecer alguna reforma para incorporar un numeral en el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, sin que esto afecte los derechos y garantías que tenemos todas las personas de acuerdo a lo que señala nuestra Carta Magna. Luego, en la búsqueda de procedimientos nuevos para la solución de conflictos, en el sistema penal, se crearon como salidas alternativas, “la suspensión condicional del procedimiento”, actualmente eliminado por el Código Orgánico Integral Penal; y, el último llamado “procedimiento abreviado”, que tenían exigencias distintas en el derogado procedimiento penal, ya que actualmente se puede aplicar a un mayor número de delitos; lográndose obtener con el abreviado, en los primeros meses de su aplicación, un mayor número de sentencias, pero que tampoco en la práctica alcanzaron a bajar los índices estadísticos de causas represadas y no resueltas, con lo que el país seguía manteniendo el hacinamiento carcelario de presos sin sentencia, encontrándonos estadísticamente muy por debajo de la media Latinoamericana. Estas primeras herramientas facilitaban la respuesta de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una solución distinta a la tradicional, en delitos de baja penalidad que se resolvían generalmente en las primeras audiencias, ante los jueces de garantías penales; y, los segundos son métodos de simplificación procesal, cuyo objetivo fundamental es sentenciar los casos no graves, mediante un procedimiento ágil y económico, para ahorrar recursos humanos y materiales al sistema penal, brindando una respuesta oportuna a la víctima. Señala la doctrina, que la parte sustantiva y adjetiva penal, deben estar caracterizadas por la presencia de una gama de principios y derechos fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, debiendo actuar y concentrar todos sus recursos, materiales como humanos, en los casos de ataques violentos a los bienes jurídicos más importantes como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, entre otros; sin desmerecer los de menor cuantía o de poca relevancia social, aunque se sostiene, que el robo a celulares en forma individual, no representaba mayor impacto social, pero sumados todos los robos a celulares, si causan alarma social. Me motiva realizar un estudio profundo sobre el tema del procedimiento del método abreviado incluido en el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en plena vigencia, en vista que la normativa que lo regula, carece de algunas condiciones elementales, lo que, en mi opinión, pone en peligro y desventaja los derechos del ciudadano que se ha sometido a este procedimiento y que desde luego, contrasta gravemente con nuestra tradición de país democrático y respetuoso de las libertades civiles y derechos humanos.