Reforma al código orgánico de la función judicial para incorporar las unidades judiciales de primera instancia especializadas en administración de justicia constitucional

Abstract

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación en el área del Derecho Positivo y que tiene relación con la protección de derechos fundamentales, lo cual genera la necesidad de emprender en una revisión del marco normativo relacionado con las garantías jurisdiccionales y del andamiaje institucional instituido para atender casos de violación de derechos. El tema de análisis es actual por el hecho de coexistir en un estado constitucional de derechos y justicia social, característica de nuestro estado ecuatoriano en los términos del artículo 1 de la Constitución de la República; esto implica por una parte un verdadero ejercicio de razonamiento respecto del alcance y reconocimiento de los derechos constitucionales frente a actos y conductas generadas por autoridades públicas, particulares, empresas privadas que prestan servicios públicos y políticas públicas dispuestas por órganos de la administración pública; y por otra parte también implica también evaluar la gestión de los jueces de primer nivel que son los encargados de administrar justicia constitucional en el Ecuador, que es precisamente el punto álgido de mi problema objeto de estudio. El art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se refiere textualmente a la competencia para conocer y resolver casos de afectación de derechos y administrar justicia en materia constitucional: “Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. (...)” De la norma que antecede podemos observar que no existen jueces especializados en materia constitucional en el Ecuador; que son los jueces de la jurisdicción ordinaria quienes administran justicia en esta materia, no siendo precisamente los funcionarios indicados para aplicar un verdadero procedimiento direccionado a determinar la existencia de afectación y vulneración de derechos; con este antecedente puedo sustentar el principal argumento de mi proyecto de investigación, esto es, que la inexistencia de unidades judiciales especializadas en administración de justicia constitucional constituye una inconsistencia en materia de estructuración del sistema judicial en el Ecuador, que arriesga la protección de los derechos de rango constitucional y la inaplicabilidad de los principios procesales normados en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional.