Reformas legales al art. 243 del código orgánico integral penal, relacionado a la falta de afiliación al instituto Ecuatoriano de seguridad social por parte de una persona jurídica.

Abstract

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza que el ejercicio de los derechos sea regido por el principio de igualdad, cuando expresa que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En ese contexto, el principio de igualdad quedo subsumido dentro del principio de legalidad. Por consiguiente se considera que la ley es igual para todos, porque ésta reúne las características de universalidad y generalidad. El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la seguridad social, señalando que es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado, para el cumplimiento del mismo. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. Mediante la expedición del Código Orgánico Integral Penal, se tipifica como delito, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las los trabajadores en relación de dependencia, así en el artículo 244 ibídem, establece que la o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días, lo cual a mi modesto criterio es extremado y contradictorio con lo dispuesto en la Carta Magna, que garantiza el derecho a la libertad, tutela efectiva y seguridad jurídica de todas las personas. Este análisis me permito aclarar ya que en el desarrollo de mí de tesis demostrare como el art. 243 del COIP es contradictorio al principio de igualdad estipulado en la Constitución, ya que el artículo en mención reza así: En el caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a uno o más de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se impondrá la intervención de la entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de las y los trabajadores y serán sancionadas con multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, por cada empleado no afiliado, siempre que estas no abonen el valor respectivo dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido notificado. En este sentido y a fin de tutelar los ya citados derechos y principios, considero que el Art. 243 del Código Orgánico Integral Penal, amerita una reforma legal urgente, en la cual se incluya a más de las sanciones ya prescitas para la no afiliación, la pena privativa de libertad para el dueño o representante legal o responsable directo de la no afiliación, la misma que contendrá iguales condiciones con lo ya señalado en el art. 244 del COIP, con ello garantizando que se cumpla lo aprobado por el pueblo mediante referéndum que es la prisión para las personas que no cumplan con la afiliación del trabajador al IESS, y con esta reforma no permitir que se trate de manera discriminatoria al pequeño trabajador juzgándolo de una manera, y al gran empresario permitiéndole diferente sanción por una misma infracción. La sanción penal para los representantes, o responsables directos por parte de una persona jurídica en la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para con sus trabajadores, en comparación a que si se sanciona con pena privativa de la libertad para las personas naturales, sujetándose a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, y en función al Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir debe existir una relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena, permite garantizar la seguridad jurídica como prescribe el Art. 82 de la misma Constitución, que las normas deben ser previas, claras, públicas y aplicables a las autoridades competentes.