Necesidad de incorporar una tabla porcentual sancionadora que guarde relación con el grado de perjuicio en el delito de mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo

Abstract

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “NECESIDAD DE INCORPORAR UNA TABLA PORCENTUAL SANCIONADORA QUE GUARDE RELACIÓN CON EL GRADO DE PERJUICIO EN EL DELITO DE MAL USO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO” es así que el objetivo de este Trabajo de investigación está orientada al análisis jurídico y crítico de los procedimientos y reclamos en la aplicación de las sanciones dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, al no establecer una tabla porcentual para los delitos de hidrocarburos según el montos del mismo. El numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de Derechos de la República del Ecuador, dispone que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas de otra naturaleza, es así que el ordenamiento jurídico penal se encarga de la tipificación de las diferentes conductas considerados punibles así como establecer los diferentes procedimientos para su juzgamiento, en lo que refiere a las penas el Código Orgánico Integral Penal, establece un mínimo y un máximo de tiempo en lo que respecta a la pena privativa de la libertad quedando a criterio del juzgador y a otras norma procedimentales el determinar la pena a imponerse. El principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, es el que regula el poder punitivo del estado frente al juzgamiento de las infracciones tipificadas en la ley penal, pero lógicamente esto debe también obedecer al grado de participación del sujeto activo del delito, así como las circunstancias en que se produjo la infracción y lo que es más importante, se debe tomar en consideración el grado de perjuicio que el delito ocasiona a las víctimas. Es así que el artículo 264. Sobre el Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, expresa que: La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La actual legislación tipifica al mal uso de gas licuado de petróleo en el Art. 264, Del Código Orgánico Integral Penal, y establece una sanción de uno a tres años, sin que para esto se considere la cantidad de derivados de petróleo que sería mal utilizado en la infracción, lo cual podría derivar en que el mal uso de un solo cilindro de gas doméstico ($2.60) cuyo perjuicio al estado seria de un aproximado de $12,oo, se vería abocado a cumplir una pena privativa de la libertad de uno a tres años, sin distinción a que la misma pena sería aplicable a quien haga mal uso de este derivado en una cantidad indefinida, lo cual resulta ilógico por decirlo menos y violenta flagrantemente los derechos constitucionales de las personas procesadas por este tipo de infracciones. La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera: En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones del Sanciones, de suspensión condicional, entre otros conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el cómo obtienen la suspensión condicional de la pena. Marco Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo. En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica necesaria para la solución del problema planteado.