Necesidad de establecer en la ley orgánica de servicio público y su reglamento un procedimiento previo a la imposición de sanciones administrativas por faltas leves

Abstract

Es conocido que nuestra Constitución, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación Señala además en forma expresa quienes se consideran funcionarios públicos; debe aquí señalarse que la normativa legal de nuestro país determina en forma expresa que los funcionarios públicos tienen derechos y deben cumplir a su vez con una serie de responsabilidades que la misma ley establece. Para que el funcionario público pueda ejercer sus funciones en una manera adecuada; se ha establecido normativa de carácter infraconstitucional que regula en forma altamente eficaz los deberes, derechos y las prohibiciones en el ejercicio del cargo de los funcionarios públicos; podemos entonces entender que cumplidos estos tres aspectos; los deberes, los derechos y evitadas las prohibiciones, el trabajo del funcionario público no se vería afectado en forma alguna; considerando que además la misma Ley Orgánica de Servicio Público establece la responsabilidad de los funcionarios públicos. Se establece además que todo funcionario público responde administrativamente si incumpliere con sus obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en la Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, lo que determina haber incurrido en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. Se establece entonces un régimen disciplinario a lo interno de cada institución pública, con la finalidad de controlar la actuación y cumplimiento de funciones de todo servidor público; para ello se determina además que de encontrarse responsabilidad en un funcionario en el cometimiento de una falta; la sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso. La Ley Orgánica de Servicio Público establece que ante la comisión de una falta por parte de un funcionario público, el mismo recibe una sanción, la misma que va acorde con la gravedad de la falta cometida. La misma ley establece distintos tipos de sanciones que van desde la más leve como es la amonestación verbal hasta la falta más grave como es la destitución del funcionario público. Para las faltas más graves se ha establecido en el Reglamento a la Ley de Servicio Público el procedimiento denominado “sumario administrativo” por el cual en un procedimiento breve se establece la responsabilidad del funcionario en la comisión de una determinada falta a efectos de que se aplique la sanción como es la destitución. El problema en este aspecto radica en que para la imposición de sanciones administrativas previstas en la misma ley por la comisión de una falta leve; ni la ley ni el reglamento prevén la aplicación de ningún procedimiento administrativo que permita ejercer a los funcionarios públicos su derecho al debido proceso; lo cual atenta gravemente contra sus derechos constitucionales; considerando que el Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina expresamente que la sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso. Esta especial circunstancia conlleva a señalar de qué manera o en qué momento el funcionario público que recibe una sanción por el cometimiento de una falta leve que no amerite sanción grave; pudo haber ejercido su derecho a la defensa; tomando en cuenta que para la determinación de la sanción administrativa no se ejecutó proceso alguno; lo cual a su vez conlleva a la inobservancia del debido proceso, menguando de esta manera la posibilidad del funcionario de ejercer sus derechos. Por ello, es necesario contar en la ley con un procedimiento especial o sumarísimo que permita sustanciar en un breve tiempo los pasos necesarios para establecer la veracidad de la falta cometida y regular en una forma equitativa la sanción a aplicarse; observando en todo momento los derechos del funcionario al debido proceso y el derecho a la defensa.