Que efectos produce el cumplimiento de la privación de la libertad, derivada del adeudamiento de las pensiones alimenticias

Abstract

El artículo 137 del Código Orgánico General Procesos que se encuentra dentro del Título de los “Apremios” y sostiene: “Apremio personal en caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones materia de alimentos. En alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días. En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor. Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados. Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios”. En tanto el artículo 139 del mismo cuerpo de leyes al enumerar las causas por las que cesa la detención provisional describe: “Art. 139.- Cesación del apremio personal. La orden de apremio personal cesará cuando: 1. Se conduzca a la persona apremiada ante la o el juzgador competente para dar cumplimiento a la orden judicial. 2. Se cumpla con la obligación impuesta. 3. Transcurra el término de treinta días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden”. Se debe indicar que luego de una entrevista previa con dos señores jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia su preocupación es que la privación de la libertad, por reincidencia, va aumentando, la segunda vez se debe imponer 90 días; la tercera vez 150 días, la cuarta vez 180 días, y de allí para adelante 180 días; es decir habrá un momento en que el deudor alimentario estará privado de su libertad 180 días, saldrá en libertad 30 días y nuevamente podrá ser privado de su libertad 180 días, llegando a la situación crítica e inhumana que de por vida estará 180 días privado de su liberta, 30 días libre, 180 días privado de su libertad, 30 días libre, y así sucesiva e indefinidamente, sin que el cumplimiento de esta pena restrictiva de la libertad genere algún hecho positivo para quien la cumple. Sin embargo el problema no queda solamente allí, este se agrava, ya que la deuda alimentaria sigue aumentando sin vicios de solución en razón de que si el deudor se encuentra privado de su libertad es, precisamente, porque no tiene como cancelar lo adeudado, y privado de su libertad peor aún podrá conseguir trabajo o los recursos suficientes para satisfacer lo adeudado, afectándose así el principio constitucional del acceso al trabajo y el derecho a la defensa. Una de las soluciones a este problema es el que se revise la privación de la libertad en este campo, situación que ya ha sido propuesta por el Presidente de la República y que creemos es una solución parcial; y otra, la que nos proponemos en nuestro estudio, que sería la solución complementaria, con lo cual se abordaría el tema en forma coyuntural, es darle otro estatus a las pensiones alimenticias que ocasionaron la privación de la libertad. Es decir, sin perdonar, condonar o extinguir la deuda de alimentos esta podrá ser cobrada en un proceso ejecutivo, mutación que se justifica por el pago de la pena de privación de la libertad, lo que es legal y constitucional y que se demostrará en el desarrollo de la investigación.