Desproporcionalidad de las penas para los extranjeros que cometen delitos en el Ecuador tipificado en el art. 61 del código orgánico integral penal

Abstract

Uno de los deberes primordiales del Estado es el señalado en el Art. 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador que señala: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”. Es por ello que a las personas extranjeras se expulsan cuando han cometido delitos, y que previamente han cumplido la pena en nuestro país como una forma de rechazar a las personas que nos causan un grave daño al orden interno en un ambiente de paz y armonía. El Art. 61 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal establece que la expulsión de extranjeros “Procede en delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un lapso de diez años.”, siendo aquella una sanción exclusiva de extranjeros por cometer un delito supuestamente grave, que siendo un límite mayor a cinco años, conlleva a que se pueda permitir a un extranjero condenado por penas inferiores a cinco años, que ingrese cuando quiera; con lo cual es de gran equivocación, al existir delitos como la extorsión, que en el Art. 185 inciso uno expresa “La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”, delito que conlleva la ejecución de un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto activo, penas que siendo de tres a cinco años aplicables a los extranjeros tendría casi inmunidad para seguir extorsionado a nuestros compatriotas. Los delitos menores a cinco años, considerados no aplicables para la extradición de extranjeros, pero que pueden ser constantes en su cometimiento afecta a la seguridad social por la peligrosidad que ello conlleva a la inseguridad ciudadana, lo que contradice a la finalidad de la pena señalada en el Art. 51 del Código Orgánico Integral Penal, que son la prevención general para la comisión de delitos. Además debe cumplirse con el derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. La expulsión y prohibición de extranjeros en delitos menores a cinco años, genera impunidad, por la peligrosidad que implicas ciertas conductas delictivas, en la cual causa inseguridad jurídica, porque existen delitos que pueden se constantes y no ser expulsado el extranjero porque la ley no lo permite, siendo una medida que carece de claridad, precisión y aplicable a la autoridad competente. Los delitos penales y su sanción deben adecuarse a los principios y normas constitucionales, no así la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para persona extranjeras que han cometido delitos menores a 5 años, lo que aquí no debe verse que son delitos leves, sino que siendo leves pueden ser constantes por el cometimiento de personas extranjeras, y ello genera impunidad, por cuanto no se aplicación el principio señalado en el Art. 76 numera 6 de la Constitución de la República del Ecuador, de que entre infracciones y sanciones debe ser proporcionales, por el simple hecho de garantizar la seguridad jurídica de nuestros conciudadanos ecuatorianos; siendo un deber del Estado dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 3 numeral 8 de la misma norma constitucional la de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, como a la seguridad integral. Es por ello que se debe considerar que en ciertos delitos, se aplique de acuerdo a la peligrosidad y afectación social la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras.