El artículo 256 del código orgánico general de procesos regula o restringe el derecho constitucional de la defensa

Abstract

El Código Orgánico General de Procesos cuando se refiere al recurso de apelación sostiene: “Art. 256.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia”. ( lo subrayado es con fines de trascendencia). En tanto el artículo 76 de la Constitución en donde se establecen las garantías mínimas de todo proceso, en el literal m), del numeral 7, como un derecho de las personas a la defensa incluye el del literal m) que dice, “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. Ahora, en razón de la última parte del artículo 256 del COGEP, los señores jueces están exigiendo como requisito, para que proceda el recurso de apelación, que la parte que quiera ejercer el derecho de apelación debe estar presente en la audiencia en donde se dicta la sentencia, resolución o providencia. Esta posición está creando o exigiendo una condición previa para el ejercicio de un derecho constitucional, lo que de por sí no resiste un análisis ya que el ejercicio de los derechos no pueden estar condicionados, en este caso del derecho humano a la defensa; así lo instituye en sus diferentes numerales el artículo 11 de la Constitución que establece. “2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. … 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. … 8.- El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas… Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (…)”. De esto existen dos posiciones contrapuestas sobre la constitucionalidad y legalidad de la parte final del artículo 256. Quienes defienden la legalidad de la norma sostienen que esta regula el derecho a la apelación. Quienes sostienen la inconstitucionalidad de la norma argumentan que se está pretendiendo un requisito previo para el ejercicio de la apelación, lo que restringe este derecho. Como fundamento de la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 256 del COGEP se esgrime la existencia del derecho a la adhesión al recurso de apelación, establecida en el artículo 258 del COGEP. Otro fundamento es el contenido del artículo 79 del COGEP, inciso antepenúltimo que sostiene, “Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el pronunciamiento oral de la decisión. Para la interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito”. Este contenido que da la posibilidad de apelar una vez notificada por escrito la resolución o la sentencia, lo que se contrapone al artículo 256 que “establece” que solamente cabe la apelación en la audiencia oral.