Modificación al numeral 16, del artículo 643 del código orgánico integral penal, que trata sobre el procedimiento expedito, para la contravención a la mujer o miembros del núcleo familiar

Abstract

El recientemente aprobado Código Orgánico Integral Penal, expresión material del Derecho Penal positivo ecuatoriano, que tiene como finalidad de acuerdo a su artículo 1, normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas y promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas, creó en el libro segundo, que habla sobre el procedimiento adjetivo penal, los procedimientos especiales para el juzgamientos de delitos menores, cuya pena no exceda de 10 ó 5 años, dependiendo del caso. Estos procedimientos son: el abreviado, el directo, el expedito y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción. El fundamento de los mismos, es dar mayor celeridad y agilidad a la administración de justicia penal, con plazos cortos en los que se deben efectuar las audiencias de juzgamiento, pero esta celeridad, en muchos de los casos no permite al infractor ejercer su derecho a la defensa con el tiempo y las oportunidades que le permite la Constitución de la República. Así también hablamos de los peritos que son aquella persona profesional experto que tiene conocimiento sobre una determinada materia, arte u oficio a través de sus conocimientos y estudios especializados que ofrece información u opinión fundada sobre los puntos que son materia de su dictamen Pero que sucede si no se los toma en consideración como es el caso que nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 643 numeral dieciséis no establece una valoración médica por parte del perito médico legista, sino solo prevé el informe que emite la clínica u hospital donde la persona que sufrió estas agriones físicas o psicológicas se hiso atender, es así que se cree conveniente la reforma a este cuerpo legal con el ánimo que se designe un perito para que la víctima de maltrato intrafamiliar sea valorada su incapacidad ya sea temporal o permanente, y no se vulnerando así los derechos Constitucionales que esta persona tiene, al momento de recibir la indemnización por parte del infractor, así también hay que tomar muy en consideración que la actividad del perito judicial consiste en un auxiliar o asesor, porque el Juez lo requiere en un determinado proceso judicial constituyéndose en un experto en una materia concreta, según el caso que se esté juzgando. Es importante destacar, que por falta de coyuntura entre la norma sustantiva primaria y la norma positiva secundaria, éstos no son claros y no amparan en un cien por ciento a la víctima, es por ello que hemos visto la necesidad de proponer este tema de investigación, y concluir con una sugerencia direccionada a que haya claridad en la norma y dar cumplimiento con la garantía del cumplimiento de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera: En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones, como tenemos el procedimiento expedito, y el peritaje médico que es el tema principal de nuestra investigación, así como también otros conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el cómo se puede establecer una pena equitativa por la infracción cometida si no existe un informe médico legal. y un Marco Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, y luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo. En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica necesaria para la solución del problema planteado.