La homologación de las sentencias de divorcios dictadas en el extranjero y su aplicación en el Ecuador

Abstract

Las sentencias de divorcio de ciudadanos ecuatorianos que se dictan en el extranjero no han podido ser homologadas en el Ecuador, pues si bien el trámite se encuentra previsto en el Art. 143 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se dispone que: “…El conocimiento de las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras, corresponderá a la sala de la Corte Provincial especializada en razón de la materia del distrito del demandado. Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel del domicilio del demandado, competente en razón de la materia…”, los jueces ecuatorianos no han dado paso al cumplimiento de la normatividad existente basados en lo que dispone el Art. 129 del Código Civil que dispone: “No podrá anularse ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano y existieren hijos menores de edad o bajo su dependencia que residan en el Ecuador.”, generando de esta forma indefensión a las partes procesales, inseguridad jurídica e incumplimiento de los tratados firmados por el Ecuador con la comunidad internacional. El Código Orgánico General de Procesos en vigencia hoy en nuestro país, si bien tiene la intención de solucionar el problema de la homologación, tampoco lo va hacer pues el Art. 104 del mismo cuerpo legal dispone que para dar paso a la Homologación se deben cumplir los siguientes requisitos: “1. Que tengan las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de origen. 2. Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada conforme con las leyes del país en donde fue dictada y la documentación anexa necesaria está debidamente legalizada. 3. Que, de ser el caso, estén traducidos. 4. Que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue legalmente notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes. 5. Que la solicitud indique el lugar de citación de la persona natural o jurídica contra quien se quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero…”, dentro de los cuales no hay disposición alguna que se refiera al obstáculo legal que se ha presentado hasta el día de hoy, pues sigue en vigencia el Art. 129 de Código Civil y en lo que respecta al 414 del Código de Procedimiento Civil se ha derogado. La falta de homologación de las sentencias de divorcio en el extranjero, afecta a la sociedad ecuatoriana y en general a la comunidad migrante, que por circunstancias diversas viven en países extranjeros y se les dificulta tramitar el divorcio en el Ecuador, por ello deciden llevar su procedimiento judicial en los países en los que residen. Una vez que se ha dictado sentencia en el extranjero comienza las dificultades de los conciudadanos migrantes, pues al iniciar el proceso de homologación en el país y luego de sustanciarse el proceso, les ha sido negado el derecho a homologar por contravenir el derecho público interno. Es más, el problema se acentúa al tenor de lo dispuesto en el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, al disponer en su artículo 423 los requisitos para poder ejecutar las sentencias extranjeras, dentro de los cuales tenemos los siguientes: “1.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado; 2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; 3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho público del país en que quiere ejecutarse; 4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado; 6.- Que del documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera, para que haga fe, la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia”, es decir, subsiste en el numeral tercero de dicha disposición legal el impedimento para que las sentencias de divorcio puedan ejecutarse en el Ecuador por contravenir el derecho público del país. El problema existente y latente sobre la homologación de los divorcios puede tener dos lecturas: la primera sería de que las disposiciones legales previstas tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial (Art. 143) como en el Código Orgánico General de Procesos (Art. 104), tratan de dar una salida a lo dispuesto en el Art. 129 del Código Civil vigente, con el control de legalidad que deben hacer los jueces ecuatorianos en el conocimiento de las causas, lo que equivaldría a que las sentencias de divorcios sean conocidos por los jueces internos; y la segunda lectura, es la que se debe buscar una alternativa vía reforma del Código Civil, con la que se evitaría que se tenga varias lecturas sobre el trámite de los juicios para homologar sentencias de divorcio extranjeras, siendo este el objetivo de la investigación que voy a realizar.