Reforma al código de la niñez y adolescencia, respecto de las pensiones alimenticias y su justificación

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 44 establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes, señala además que el Estado, la Sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos que prevalecerán sobre los de las personas; también indica que el desarrollo integral se entenderá como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad que permita la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales. Es así que en la actualidad los menores gozan del principio de interés superior y pertenecen a un grupo de atención prioritaria por su vulnerabilidad frente al resto de personas, por ello nuestra legislación protege al menor con derechos fundamentales que también se expresan en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 45, señala que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad y el estado garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción, además tendrán derecho a la integridad física y psíquica, salud integral, educación, libertad y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. De lo antedicho observamos que los niños, niñas y adolescentes deberían gozar de una vida de calidad de manera que su desarrollo sea integral, en todas las etapas de la vida del menor en un entorno familiar, social y comunitario de efectividad, por ello y reconociendo el derecho primordial de los menores en el Ecuador se ha planteado las pensiones alimenticias las mismas que han mejorado visiblemente con el afán de garantizar los alimentos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, se han vulnerado y se están vulnerando derechos básicos de loa alimentados, así mismo se ha violentado un principio universal que es la proporcionalidad y reciprocidad; es decir, un gran porcentaje de las pensiones son excesivamente altas en relación a los gastos que demanda el cuidado del menor y desde luego la responsabilidad compartida de ambos progenitores. En el ámbito social se ha observado como los derechos de los menores son vulnerados por parte de quienes tienen su tenencia, generalmente las madres, ya que los menores no reciben la educación ni el cuidado que necesitan de acuerdo a su edad; sin embargo, están recibiendo pensiones onerosas por parte de sus progenitores. Además, de acuerdo a los datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la canasta básica familiar para el año 2016 se estableció en 683,00 USD, de igual manera se determinó que una familia con 1,6 perceptores de ingresos con salarios básico, podrían adquirir la canasta que se compone de productos alimenticios y no alimenticios necesarios para la manutención de un mes en un hogar de 4 miembros, es así que al obtener una pensión alimenticia mayor aun salario básico unificado del trabajador, la persona debería tener la obligación de justificar los gastos realizados, con el único objetivo de que efectivamente los recursos recibidos por concepto de pensión alimenticia sean invertidos únicamente en el menor para su manutención para que tengan una vida plena y de calidad; por lo que es de suma importancia la introducción de una reforma legal en el Código de la Niñez y Adolescencia que tipifique la justificación de los gastos por concepto de pensiones alimenticias a fin de que se garanticen los derechos integrales de los menores.