Reforma al art.108 del código civil en relación a la obligatoriedad de un periodo de terapia matrimonial como requisito legal para que se de efecto la audiencia de conciliación

Abstract

Nuestra Constitución de la República, en su Art. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal De tal manera que en nuestro país contamos con una institución jurídica llamada matrimonio, la misma que se forma mediante un contrato solemne entre un hombre y una mujer; que produce efectos jurídicos y sociales, da lugar a la formación de la familia que es considerada como la célula fundamental de nuestra sociedad, ésta se encuentra regulada por la Legislación Civil. El contrato matrimonial, como cualquier otro contrato puede ser disuelto legalmente, cuando los cónyuges, han llegado de común acuerdo a tomar la decisión de divorciarse, como también cuando dentro del núcleo familiar se han generado desavenencias conyugales o, se ha incurrido en alguna de las causas de divorcio determinadas por la ley, puede el cónyuge agraviado pedir que se disuelva el vínculo matrimonial, observando las reglas establecidos en el Código Civil y el trámite propio del Código de Procedimiento Civil. Si bien es cierto que el vínculo matrimonial puede disolverse por el divorcio, es necesario cumplir con ciertas formalidades, cuando se han procreado en el matrimonio hijos y son estos menores de edad, y en el haber de la sociedad conyugal poseen bienes. Estos particulares son ventilados en el juicio que es Verbal Sumario, para el divorcio, sea este contencioso o por mutuo consentimiento, al referirnos a este último haremos especial énfasis por ser objeto de nuestro estudio. El Divorcio por Mutuo Consentimiento como su nombre lo indica se da cuando los cónyuges expresan consensualmente su decisión de divorciarse, por ello debería tener un trámite ágil simplificado, pero no se da en la realidad, debido a cómo está establecido su procedimiento en la norma jurídica del Código Civil ecuatoriano. Al respecto, vale mencionar que el vacío jurídico que existe en el Código Civil con respecto al procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento, al no determinar una terapia matrimonial dentro del plazo para pedir que se lleve a cabo la Audiencia de Conciliación, ya que con esto se está dejando desprotegido los derechos del matrimonio y como tal de la familia, generando problemas familiares, psicológicos, económicos, que degradan la dignidad de los cónyuges. Por lo que el Estado debe dar mayor interés a la familia, al agotar todo recurso para salvar al matrimonio y no dejar indefensos a los miembros de la familia. De ahí, que es necesario que como es una garantía constitucional de proteger a la familia como núcleo social prioritaria, que conforme a la norma jurídica en el Art.108 del Código Civil se establezca dentro del procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento, que presentada la demanda y dentro del plazo de sesenta días, los cónyuges vayan a terapia familiar, con el fin de mejorar y salvar su matrimonio. Cumplido el plazo legal y para que se convoque a la audiencia de conciliación, se deberá adjuntar la certificación de la terapeuta familiar que mediante informe dé a conocer a la Autoridad Judicial que la pareja se sometió a una terapia familiar, dirigida por un psicólogo de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de tratar de llegar a un acuerdo de las partes para que mejoren su relación de pareja y por ende de familia; si aun con esta disposición de recibir terapia, no existiera conciliación, en la Audiencia de Conciliación el Juez disolverá el vínculo matrimonial, de acuerdo al Art.108 del Código Civil. De ahí la necesidad de normar legalmente el procedimiento adecuado para garantizar la verdadera protección a la familia, como célula fundamental de la sociedad, en respeto de los derechos de cada persona, siendo el divorcio la última opción, luego de agotar todos los mecanismos legales existentes.