La Presunción de Inocencia de las Personas Naturales en relación a los Propietarios y Operadores de los Medios de Comunicación

Abstract

La Constitución del 2008 reconoce lo que la doctrina llama también como principio de presunción de inocencia mediante el cual se presume la inocencia de toda persona, y ésta debe ser tratada como tal mientras su responsabilidad no se determine mediante sentencia ejecutoriada, además este cuerpo legal prohíbe la difusión de toda información que atente contra los derechos. La inocencia considerada un principio procesal se encuentra también garantizado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 4, numeral 4; de la misma manera la Ley Orgánica de Comunicación dentro de las normas deontológicas también lo recoge en su artículo 10, numeral 4, inciso c, al manifestar que toda persona en el ejercicio profesional debe respetar el derecho a la presunción de inocencia; además según la ley en mención el artículo 25 manifiesta que existe una sanción administrativa para los medios de comunicación que no se abstengan de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que se encuentran involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal mientras no exista sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad, porque en el caso que resultare inocente nada le devuelve la dignidad perdida tanto suya y de su familia, por más rectificaciones que ostente hacer quien difundió una falsedad el daño social es irreparable. 3 Es así que los medios de comunicación y la ciudadanía por influencia de éstos tachan injustamente el honor de las personas, saben que la polémica les permite vender audiencia, más periódicos y por tanto obtienen mayores ingresos y es por esto que valiéndose de artimañas, muchas veces escondiendo su responsabilidad tras la palabra “presunción” se dedican a difundir información que aún no ha sido verificada. Es inadmisible que los derechos constitucionales sean violados por los poderes públicos o privados, tal es el caso de los dueños y operadores de los medios de comunicación. Hay que enfatizar en el hecho de que los juicios de valores previos y las opiniones emitidas por personas sin el conocimiento ni la preparación para hacerlo no pueden ser impulsados ni permitidos, por ser contrarios a la presunción de inocencia. Nuestros derechos están en constante pugna con los mecanismos de información, por ello deben ser nuestras exigencias las que obliguen a la creación de medios de comunicación realmente democráticos. Es por esto indispensable que el legislador incluya una norma penal que tipifique y sancione a los medios de comunicación que violenten el principio constitucional de presunción de inocencia.